La idea de fusionar Acuamed con la Mancomunidad de Canales del Taibilla ya se descartó por los enfrentamientos El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, dejó ayer entrever que la creación de una entidad gestora del agua en España que aglutine los activos de Acua-españa, Acuamed, la Mancomunidad del Taiblla y las Confederaciones Hidrográficas no será precisamente un camino de rosas. "La creación de un organismo de este tipo puede generar recelo o incomprensión. Sé que hay gente que no va a compartir una iniciativa de este tipo", declaró Claver durante la presentación del estudio Impacto Económico del trasvase Tajo-Segura, elaborado por PwC. Otras fuentes consultadas que prefieren no ser identificadas coinciden en este mismo punto y recuerdan la polémica surgida a principios de año en torno a la posibilidad de fusionar la Mancomunidad de Canales del Taibilla con Acuamed, la empresa que se encarga de la gestión de la mayoría de desaladoras del mediterráneo. "La Mancomunidad del Taibilla no estaba a favor porque no querían asumir la desorbitada deuda de Acuamed, encargada de financiar parte de la construcción de muchas de las desaladoras que ahora están paradas", explica una de estas fuentes. El presidente de la Cuenca Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, destacó en declaraciones a este periódico que desde el Ministerio de Agricultura no se le ha notificado el proyecto de creación de este gestor público, el cual dejaría a las Confederaciones Hidrográficas como meras supervisoras. "El modelo de las confederaciones para la gestión de las cuencas ha dado buenos resultados. Todo es mejorable pero nosotros estamos a favor de la situación actual", explica De Pedro, quien destaca además el profundo conocimiento que cada confederación tiene de la gestión de su cuenca. Produccíón agrícola Respecto al impacto económico del trasvase Tajo-Segura, el informe de la firma de auditoría y consultoría destaca que una reducción del 10 por ciento en el volumen de agua trasvasada reduciría la producción agrícola en las provincias de Almería, Murcia y Alicante casi un 4,2 por ciento, además de tener un efecto negativo en el turismo porque afectaría al abstecimiento de agua en la zona.