Recuerda que impacta en el riesgo financiero del paísLa Comisión Europea ha manifestado que corresponde a las autoridades españolas resolver el problema del decreto andaluz antidesahucios, que prevé la expropiación temporal de viviendas a la banca, y que, según Bruselas, ponen en riesgo los objetivos del rescate bancario y retrasará la recuperación del sector inmobiliario. "El seguimiento de esta cuestión entre las autoridades nacionales españoles es una cuestión que les corresponde a ellos", señaló ayer el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor, al ser preguntado por si el Ejecutivo comunitario está satisfecho por el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. "Es una decisión de las autoridades españolas", insistió el portavoz. El Ejecutivo comunitario envió hace un par de semanas una carta a las autoridades españolas en la que expresa su inquietud por el impacto del decreto andaluz en el sector financiero y en la economía. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, se reunirá mañana en Bruselas con representantes del departamento de Asuntos Económicos del Ejecutivo comunitario para defender la legalidad de la normativa. Ante el informe de Bruselas, anunció la interposición de un recursos de inconstitucionalidad. Desde su aprobación, en abril, el Gobierno ha luchado para paralizar la normativa de la comunidad autónoma gobernada por José Antonio Griñán. Otras regiones ha seguido los pasos de Andalucía y han puesto en marcha proyectos similares. Así, Canarias y el Parlamento de Navarra han impulsado regulaciones similares con el objetivo de quitar tres años pisos a las entidades financieras en los casos de desahucio y que los afectados puedan permanenecer en la vivienda.