Unión Progreso y Democracia sigue su cruzada contra los gestores de las antiguas cajas y presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el consejo de administración de la extinta Caja Burgos - ahora miembros de Caixa Bank - por presunta administración fraudulenta o desleal. La formación magenta ve indicios de delito en los préstamos concedidos al expresidente, José María Arribas, y las retribuciones a los consejeros en los últimos meses vida de la entidad. UPyD considera que los 45 préstamos personales que recibió Arribas entre 2005 y 2010 -por valor de 34,209 millones de euros - "probablemente" se dieron en condiciones ventajosas a empresas de escasa solvencia, sólo con avales personales y sin el control de la Consejería de Hacienda de Castilla y León. Estos créditos suponían, además, el 93,86 por ciento de los que se dieron dentro del consejo de administración. La denuncia también señala que los consejeros recibieron retribuciones incompatibles con su cargo, que además no reflejaron en sus cuentas ni el informe de Gobierno Corporativo.