Más de la mitad de las 217 medidas propuestas se concretan en consejos que pueden adoptar o noEl Gobierno recicla iniciativas ya presentes en la Ley de Emprendedores o de Acción ExteriorLa tan esperada reforma del conjunto de las Administración da sus primeros pasos a medio gas. Lejos de constituirse como una ley, ni siquiera como un reglamento, lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó ayer en persona, en el Palacio de La Moncloa, constituye en su mayor parte un repertorio de recomendaciones dirigidas a las comunidades autónomas, con las que habrá que negociar si se ponen o no en funcionamiento. De momento, Rajoy únicamente tiene sobre la mesa el informe terminado de la denominada CORA, la Comisión (Virtual) para la Reforma de las Administraciones Públicas, formada por expertos de todos los ministerios y de casi todos los departamentos que conforman el Gobierno. Juntos se pusieron a trabajar en octubre de 2012 para elaborar "la radiografía más minuciosa que se ha hecho nunca del sector público español", según presumió ayer Rajoy, ante el nutrido grupo de miembros de su Ejecutivo, empresarios de primera línea, economistas y periodistas que reunió en el palacio presidencial. El resultado del escrutinio del grupo de sabios de la CORA ha sido un extenso informe, en el que se recogen 217 medidas, que no se darán a conocer en su integridad hasta mañana y del que Rajoy únicamente quiso dar a conocer las siguientes líneas maestras. Las comunidades lideran Minutos antes de que hablara Rajoy, ya lo adelantó su vicepresidenta y cabeza de toda la estructura de la que se derivan las decisiones económicas, Soraya Sáenz de Santamaría: ahora toca dialogar con las comunidades autónomas para determinar hasta qué punto se pueden desplegar las recomendaciones expuestas en el recién terminado informe. El presidente del Ejecutivo lo dejó más claro durante su discurso posterior: 120 de las casi 220 propuestas corresponden a indicaciones que se hacen a las regiones sobre los organismos que deben eliminar para evitar que sigan existiendo duplicidades con respecto a la Administración central. Así, al próximo Consejo de Política Económica y Fiscal, el Ejecutivo acudirá con el propósito de hacer ver a los presidentes regionales lo mucho que podrán ahorrar eliminado "sus órganos reguladores de la competencia, sus agencias de la energía o sus institutos meteorológicos", pues no en vano "el Estado puede prestar esos servicios con igual o mayor eficiencia". En su relación de organismos satélite duplicados, de los que las regiones podrían prescindir, Rajoy se cuidó de mencionar otros con mayor peso institucional, como los consejos consultivos. Los expertos consultados dan por hecho que la ausencia de esas referencias no es causal, y supone todo un reconocimiento de la capacidad que tienen las regiones para cortarle las alas a la reforma del sector público. No en vano la existencia de muchos de esos organismos está blindada, gracias a su inclusión en los textos de los estatutos de autonomía. Más allá de la supresión de duplicidades, el texto de los expertos de la CORA insta al Ejecutivo a que trabaje para que todas las autonomías se reconozcan mutuamente las licencias y permisos que cada una ha emitido o también la puesta en marcha de una base de datos común de historiales médicos. Rajoy hizo especial hincapié en esta última propuesta que contribuirá a aumentar la tranquilidad de los ciudadanos "cuando se vayan de vacaciones" por España. Lo que toca al Estado La manera en que los presidentes autonómicos se tomarán el informe sobre la reforma del sector público es todavía una incógnita hasta para el mismo Rajoy. Con todo, lo que el presidente del Gobierno puede asegurar es que en el Estado sí que se aplicarán las recomendaciones del informe. Eso supondrá, por ejemplo, un cambio de carácter "técnico" en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, pues pasarán a calcularse bajo el método denominado de base cero. En otras palabras, el objetivo es dejar de repartir el dinero entre los ministerios atendiendo simplemente a lo que gastaron el año anterior o a la cantidad que se les manda recortar en el nuevo ejercicio. Con el nuevo sistema, cada año se hace tabula rasa y se reparten los recursos estimando cuáles van a ser las necesidades y de qué manera se garantiza la máxima eficiencia. Lo que en absoluto resulta eficaz es mantener abiertas 4.800 cuentas bancarias para los diferentes departamentos de la Administración central, según reveló Rajoy. Por ello, el presidente dejó claro que se tomará en serio la propuesta de la CORA de dotarla de una única tesorería. También está en la agenda la puesta a la venta de 15.000 inmuebles de titularidad estatal, algunos de ellos de una alta representatividad, como es el caso de la antigua sede de la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV), situada en un palacete del Paseo de la Castellana. 'Dejà vu' con otras normas Dentro del muy somero análisis que Rajoy hizo como avance del documento que mañana se conocerá íntegro, tras la reunión del Consejo de Ministros, hubo varios puntos que resultaron familiares a otros oyentes, en la medida en que ya se vendieron anteriormente como integrantes de reformas previas. Es el caso de la simplificación de los trámites para la creación de empresas, que ya forma parte de la Ley de Emprendedores tal y como reconoció el propio presidente del Gobierno, o de la propuesta hecha a las comunidades autónomas para que integren todas las oficinas que las representan en otros países en las embajadas españolas. Ésa es una de las líneas maestras del anteproyecto de ley de reforma de la acción exterior que el Ministerio que dirige José Manuel García-Margallo presentó a principios de este año. Largo recorrido lleva también la creación de una ventanilla única a la que puedan dirigirse todas las empresas que lo deseen para operar en otros países. Por ella, o dicho de otro modo, por la creación de un súper Instituto de Comercio Exterior (ICEX) lleva trabajando el secretario de Estado del ramo, Jaime García-Legaz, desde el año pasado. Igualmente oídas fueron las llamadas a impulsar la Administración electrónica, puesto que ya estaban incluidas entre los proyectos más urgentes del Ministerio de Industria en el Plan Nacional de Reformas de 2012. Desmontando "mitos" El hecho de que se encontrara impulsando una reforma del sector público español que se prometía histórica no evitó que Mariano Rajoy llevara a cabo una cerrada defensa de las virtudes que presentan las Administraciones en su modo actual de funcionar. Así, el jefe del Ejecutivo puso de manifiesto que su imagen como una fuente de derroches constituía un "mito", dado que el gasto público español es de los más bajos de la zona del euro, en proporción al PIB: 43 por ciento, frente al 50 de promedio en la Unión Monetaria. Eso sí, Rajoy reconoció que el desembolso se había incrementado intensamente en los últimos años, ya que entre 2005 y 2011, pasó del 38,4 al 45,2 por ciento del PIB. Ahora bien, el inquilino de La Moncloa quiso resaltar que la mayor parte de ese gasto va destinada a "sufragar servicios básicos". Otra de las opiniones que Rajoy considera un estereotipo infundado es la que defiende que el sector público español cobija a un gran número de personal asesor o que cumple tareas puramente representativas o burocráticas. Frente a ese parecer, argumentó que "el 75 por ciento del personal que trabaja al servicio de las Administraciones son los maestros de nuestros hijos, o militares y policías que velan por nuestra seguridad, o magistrados que imparten justicia".