Francisco González urge a la privatización de Novagalicia y Catalunya Banc"Puedo garantizarles que, en transparencia, podrá haber cláusulas igual que las nuestras, pero no mejores". El presidente del BBVA, Francisco González, respondía así ayer a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al banco a suprimir las cláusulas suelo a 425.000 hipotecas, por incluirlas en desconocimiento del cliente. Y bajo dicha máxima auguró que "lo normal, es que esto se vaya extendiendo al resto de entidades" a medida que el fallo siente jurisprudencia. Junto a BBVA, la sentencia obliga a remover el tipo mínimo en préstamos de Cajamar y Novagalicia -beneficiará a unas 600.000 hipotecas entre las tres-. Otras entidades, como el Popular o Sabadell, argumentan que sus clientes conocían bien lo que contrataban para mantenerlas. El Supremo admite la legalidad de la cláusula siempre que se garantice una transparencia mínima que permita al cliente ser consciente de que su aceptación supone la renuncia a abaratamientos del préstamo en caso de descender el interés oficial por debajo del umbral fijado como suelo. González se quejó de que el Supremo "claramente ha cambiado las condiciones", ha establecido "un nuevo canon" inexistente hace "dos, tres, cinco y hasta diez años" cuando se contrataron las hipotecas. Los bancos afectados defendieron recientemente en el Congreso que el notario tenía la misión de advertir sobre la cláusula antes de firmar el préstamo, como se estipulaba en una orden ministerial de 1994, algo que el Supremo ha considerado insuficiente. El fallo supondrá a BBVA una merma en el beneficio de 35 millones el primer mes -420 millones al año por simple extrapolación-, aunque González restó importancia al impacto en las cuentas de España, más condicionadas al comportamiento de la venta de los inmuebles adjudicados según reconoció en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El banquero urgió durante su intervención a "adelantar todo lo posible la privatización de entidades en manos del sector público", en alusión a Catalunya Banc y Novagalicia, para finalizar "cuanto antes el saneamiento y la reestructuración" del sector a fin sentar las bases para la recuperación del crédito. El Gobierno retrasó el pasado año sus subastas para evitar comprometer el déficit, al advertir la necesidad de recapitalizarlas para colocarlas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió en el mismo foro en la UIMP que hay que "mirar la incidencia en el gasto público", la capacidad de estas entidades para devolver las ayudas y la capacidad de la banca para favorecer la salida a la crisis a través del crédito, antes de reanudar las subastas. Las palabras de Montoro no son, en todo caso, incompatibles con la venta a trozos con la que se especula en algunos círculos, si no generase déficit. El presidente de BBVA eludió decantarse sobre la necesidad u oportunidad de solicitar una prórroga en la línea de 100.000 millones abierta por Europa para recapitalizar la banca -se ha usado 41.300 millones-, porque se desconoce si será necesario. No obstante, abogó por "ser conservador" y primar la "precaución" para llegar a las auditorías y test de estrés a los que se someterá en octubre a la banca europea, y dentro de ella, a la española, "con la mejor solvencia posible para que no haya sorpresas negativas". Son los exámenes que prepara la autoridad bancaria europea (EBA por sus siglas en inglés) y el Banco Central Europeo, previos a que éste último asuma la supervisión de la gran banca continental. González efectuó una valoración positiva de las reformas, "duras, pero indispensables", acometidas por el Gobierno para meter en cintura el déficit público que han permitido que "nos encontremos en el principio del final de la crisis". Un diagnóstico positivo, pero sin caer en la autocomplacencia. Hay aún "mucha tarea por hacer", refirió, y demandó más reformas y de mayor calado. Junto al cierre de la bancaria, apuntó la necesidad "apremiante" de una reforma educativa, y de las instituciones "en todos los terrenos, desde los reguladores y supervisores hasta el sistema judicial, empezando por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político". Abogó por reformar el sector público, "no sólo en la estructura, competencias y financiación de las administraciones públicas, sino también en la sanidad y las pensiones" y profundizar en la laboral.