El negocio bancario español se asimila a un campo de minas. Desde el estallido de la crisis no cesan de saltar dificultades, a cual más gravosa, que devoran sus márgenes, en riesgo de mantener alejados a esos inversores extranjeros que tanto necesita el sector para colocarles sus títulos de deuda y dar créditos con los fondos captados. A la corrosiva morosidad generada con la asfixia de familias y empresas por la crisis -un 11 por ciento del crédito tiene impagos-, se sumaron mayores requerimientos de capital y provisiones para convencer precisamente a ese inversor de que ni ladrillo ni morosidad desestabilizarían a la industria -la profunda cura de saneamiento ha consumido casi 200.000 millones desde 2007-. Lo preocupante es que la factura no se agota ahí. También le afectan decisiones regulatorias impensables hace un tiempo como la moratoria de hipotecas para atajar el drama de los desahucios o la expropiación andaluza de pisos vacíos. Y judiciales, por malas prácticas como la venta de las preferentes a clientes que no debían y las cláusulas suelo que el Tribunal Supremo exige ahora anular a BBVA, Novagalicia y Cajamar por colocarlas sin informar como debían a los clientes. Este último fallo judicial ha hecho saltar las alarmas. Más allá del coste, ya de por sí grueso -BBVA confiesa que dejará de ganar 420 millones al año y Novagalicia 48 millones-, inquieta que añade más inseguridad jurídica. Alguna agencia de 'rating' ha decidido empezar a descontar las pérdidas potenciales que sufrirían todos los bancos de retirar dicho blindaje, aun cuando las entidades no condenadas defienden la legalidad de sus contratos, mientras se multiplican las presiones para que las retiren (el Gobierno admitió ayer que estudia la sentencia y el Defensor del Pueblo instó al Banco de España a que recomiende su abolición). La cuestión es, ¿hasta qué punto el fallo del Supremo generará un efecto arrastre? Sólo obliga a BBVA, Novagalicia y Cajamar, que destoparán unas 500.000 hipotecas, más de la mitad de su cartera. El mismo Supremo respalda la legalidad de las cláusulas suelo si se informa adecuadamente al cliente, sabe el riesgo que asume -no se beneficiará de rebajas de tipos si el euribor cae por debajo de determinado umbral- y lo acepta. Popular, Kutxabank o Sabadell defienden que sus contratos son legales y cumplieron con la transparencia exigible. Las hipotecas del Santander carecen de dicha condición -sí tiene unas pocas, muy residuales de Banesto- y Caixabank heredó algunas de la antigua Cajasol. Sin embargo, el fallo judicial abre el camino y podría agilizar procesos abiertos en tribunales de primera instancia, aunque para que se extienda la supresión de la cláusula a otras entidades debe existir una sentencia firme o del Supremo, es decir, el proceso es susceptible de demorarse hasta que el banco afectado agote su capacidad de recurso -a BBVA, Novagalicia y Cajamar, incluso, se les abre la opción en instancias europeas-. La polémica con estas cláusulas se remonta varios años atrás. En 2010, el mismo Banco de España tuvo que informar en el Senado al llegar la problemática a la Cámara. El supervisor detalló que más de un tercio de las hipotecas en España incluían esta condición, aunque el impacto era dispar porque algunas entidades no la aplicaban y en las que lo hacía podía llegar a condicionar al 85 por ciento de la cartera hipotecaria. El Banco de España defendió la legalidad y descargó gran parte de la responsabilidad en hacerlas transparentes en el notario, obligado por una orden ministerial de 1994 a advertir al cliente de las citadas cláusulas -el Supremo ha fallado, en cambio, que el banco es responsable directo de que el cliente las conozca antes de firmar el contrato y no puede derivar esta tarea en el notario-. Se da la circunstancia de que una legislación en 2003 favoreció la venta de las hipotecas con suelo al obligar a las entidades a ofrecer a sus clientes productos que les protegiesen de potenciales subidas de tipos, que en muchos casos garantizaban al tiempo a la entidad unos ingresos mínimos fijando topes también frente a caídas del euribor. En aquellos momentos la burbuja hipotecaria estaba en pleno apogeo, de forma que más de cuatro millones de hipotecas pueden incluir esos suelos, impidiendo al titular beneficiarse de caídas del euribor hoy en el 0,50 por ciento. La feroz competencia hizo que se ofreciesen productos sumamente baratos, con diferenciales sobre el euribor de apenas el 0,5-0,7 por ciento, que al destoparlos ahora dejan en el esqueleto los ingresos para el banco, de ahí las potenciales fuertes pérdidas de beneficios. Con la crisis, esa situación ha cambiado radicalmente y suman diferenciales de 2 e, incluso, 3 por ciento al euribor porque eso es también lo que les cuesta captar los recursos en los mercados, pero a futuro podrían actuar casi como nuevas claúsulas suelo -garantizar unos ingresos mínimos-. El problema es que hoy casi no dan hipotecas, y el balance está cargado con un producto que, al quitarle el blindaje, reportará escasos ingresos, en detrimento de rentabilidades futuras, de atraer inversores y captar recursos para dar crédito. Es justo para el cliente pero también supone otro palo en las trabadas ruedas del crédito.