Pide que se vigile el impacto de la reforma hipotecaria en el sistema financieroLa troika, formada por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, ofreció ayer un veredicto más agridulce que edulcorado a nuestro país tras la puesta en marcha del saneamiento del sistema financiero. Los cerca de 100.000 millones de euros puestos a disposición de España para ayudar al sector a deshacerse de sus activos hipotecarios más tóxicos evoluciona favorablemente, pero aún está lejos de cerrar una sangrante herida. Ante los riesgos que todavía persisten y el continuo deterioro de los activos bancarios, el trío de acero aprovechó el momento para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que mantenga una fuerte supervisión sobre la calidad de los activos y sobre los cambios de la ley antidesahucios para que no desmoronen la estabilidad del sistema. Los inspectores señalaron que la aplicación de la reforma hipotecaria debe vigilarse "para evaluar si el equilibrio entre las preocupaciones justificadas de los deudores hipotecarios y las preocupaciones imperativas de estabilidad financiera es apropiado o si se requieren ajustes para garantizar la estabilidad financiera". A través de este mensaje, tanto Bruselas como Fráncfort priorizan la seguridad de la banca antes de poder atajar los problemas de los desahuciados. La institución capitaneada por la gala Christine Lagarde destacó en su documento la importancia de estas medidas para "reconciliar y equilibrar las preocupaciones justificadas de los deudores hipotecarios" pero a su vez reiteró el mensaje de la Comisión y el BCE sobre la necesidad de garantizar que éstas "aseguran la estabilidad financiera". Al fin y al cabo, los inspectores de la troika alertaron sobre los posibles "riesgos" derivados de la situación económica y presupuestaria provocados por el elevado paro, la contracción de la actividad, la elevada deuda privada y exterior y el rápido aumento de la deuda pública. Por eso, exigieron que el Gobierno cumpla las recomendaciones de política económica de Bruselas, en particular la consolidación fiscal "gradual" de acuerdo con el nuevo calendario y el refuerzo de la administración pública. Según reconoció el comunicado de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, los niveles de solvencia de la banca "están por encima de los requisitos legales", pero a su vez destacó que es necesario estar alerta ante una posible "situación económica adversa" ya que España todavía se encuentra en pleno ajuste y no se ha reestablecido el acceso al crédito para los consumidores. En concreto el BCE y el Ejecutivo comunitario exigieron "una vigilancia muy estrecha" y recordaron que el rescate financiero para nuestro país concluye a finales de este año. Desde el FMI también apuntaron en su propio informe que las prioridades en estos momentos incluyen la vigilancia continua y proactiva del sector financiero aderezada con una supervisión estricta. En este sentido, los funcionarios del Fondo que visitaron nuestor país entre el 21 y el 31 de mayo, dieron la bienvenida a la reciente revisión por parte del Banco de España a la hora de aplicar nuevos criterios para determinar la clasificación de los préstamos refinanciados y reestructurados.