L a noticia de que la Fiscalía de León ha pedido al juzgado que inicie diligencias por presunta administración desleal contra los consejeros de Caja España y Caja Duero y la entidad resultante de su fusión nos devuelve la confianza en un sistema político-judicial fuertemente cuestionado por los excesos que día tras día vamos conociendo. Desde estas páginas han sido numerosas las ocasiones en las que se ha reclamado mayor transparencia con la gestión realizada en las cajas de ahorro y la asunción de las responsabilidades correspondientes. El descontrol que estamos conociendo en la gestión de las antiguas cajas de ahorro, causa final de su bancarrota y desaparición, es probablemente el precio que tenemos que pagar por la renuncia de la sociedad civil a controlar el poder político y las gestión que han hecho de nuestros impuestos. Pero eso no es impedimento para que empiece a ponerse nombres y apellidos a quienes no sólo quienes han desistido de su obligación de vigilar por la buena administración de las entidades de crédito sino, sobre todo, quienes se han beneficiado de su posición con créditos descomunales en unas condiciones ventajosas. Mientras los preferentistas de España-Duero, en una buena parte ahorradores a los que se ha engañado, tienen que asumir las pérdidas de esta entidad, hemos visto cómo sus directivos y consejeros han sido los grandes beneficiarios de una legislación completamente abusiva. No solamente han intentado escurrir el bulto sobre los daños patrimoniales que su gestión ha provocado sino que, salvo contadas excepciones, no han mostrado si quiera un ápice de interés en ayudar a las que han sido, lamentablemente, sus víctimas. No debemos albergar demasiadas esperanzas en que paguen por sus culpas, entre otras razones porque los políticos han hecho las leyes que les han permitido ser unos privilegiados durante estos años. Pero al menos conoceremos de verdad de lo que ha pasado y al menos tendrán la llamada "pena del telediario" cuando tengan que comparecer en los juzgados.