Silva trata de garantizar su independencia, tras las declaraciones de MolinerEl juez del Caso Blesa, Elpidio José Silva, pedirá el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra cualquier institución que pueda perturbar su independencia, según han confirmado a elEconomista los abogados que están redactando el texto de solicitud. Esta actuación se produce tras las declaraciones realizadas por el presidente del propio CGPJ y del Supremo, Gonzalo Moliner, la pasada semana, en las que afirmó a los medios de comunicación que esperaba que "llegue a buen fin el quinto expediente disciplinario incoado por el CGPJ" contra el juez, y añadió "ya veremos en qué acaba, pues le hemos sancionado ya cuatro veces y dos de ellas han sido revocadas por la Sala de lo Contencioso por problemas de caducidad". En las mismas declaraciones arremetía también contra la juez Alaya, titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, que dirige el Caso ERE. Fuentes jurídicas consultadas por el elEconomista aseguran que Moliner bien pudo haber cometido un presunto delito de revelación de secreto, tipificado en el Código Penal. Apuntan, asimismo, la presunta violación del artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que considera falta muy grave "la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado". En la misma línea, la presunta violación del 148 de la LOPJ, que considera falta grave "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición". Finalmente, entienden que se han podido violar, por si fuera poco, distintos artículos del Código Penal, como el 173, que castiga con pena de prisión de seis meses a dos años a "los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima". Las declaraciones hostiles se iniciaron el 21 de mayo. Los medios de comunicación publicaban, citando "fuentes del CGPJ", que Silva "tiene pendiente desde el pasado mes de abril un expediente disciplinario que le ha incoado el CGPJ por retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y de consideración a sus funcionarios". La acusación particular, el sindicato Manos Limpias, había elevado un escrito al CGPJ un día antes, en el que explicaba "los obstáculos y praxis desleal que está recibiendo su Señoría" y apuntaba al fiscal al cual había denunciado previamente ante la Fiscalía del Estado.