Logró 421.000 euros sin tener el permiso necesario de la Comunidad de MadridEl expresidente de la caja logró también un préstamo hipotecario de 275.000 eurosMiguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, se autoconcedió en 2004 un crédito de 420.000 euros sin tener la autorización previa necesaria del Gobierno autonómico, tal y como marcan los estatutos de la caja. Así consta en el informe pericial remitido por la auditora KPMG, al que ha tenido acceso elEconomista, al juez Elpidio José Silva en el marco de la investigación sobre el préstamo irregular que la caja de ahorros adjudicó por 26 millones a Gerardo Díaz Ferrán, el antiguo dueño de Marsans, cuando era consejero de la entidad, en noviembre de 2008. Los peritos de KPMG destacan que "el préstamo de 421.000 euros fue concedido mediante escritura pública el 30 de noviembre de 2004 y no se recibió la autorización preceptiva de la Comunidad de Madrid hasta casi un mes más tarde, el 27 de diciembre de 2004". La autorización previa es un requisito preceptivo, según establece la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, en la concesión de créditos dirigidos a consejeros, familiares o sociedades en las que aquellos participen mayoritariamente o desempeñen altos cargos. El artículo 56.1 de la citada normativa establece que estos colectivos "no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la Caja ni enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por las entidades en que ejerzan tal cargo, sin previa autorización expresa del Consejo de Administración de la Caja y de la Consejería competente de la Comunidad de Madrid". Se saltó los estatutos Pero por si fuera poco, esta obligación legal de doble autorización en las operaciones de financiación con consejeros estaba también recogida en los propios estatutos de la caja, teniendo en cuenta "especiales" características de sus administradores. Llama además la atención que apenas cuatro años después de este préstamo personal, el 21 de abril de 2008, Blesa se autoconcedió un nuevo crédito. En este caso se trata de una hipoteca por importe de 275.000 euros con la garantía de una vivienda. El juez Silva ha visto ya, en esta misma línea, indicios de criminalidad y blanqueo de dinero en la gestión de Blesa al frente de Caja Madrid. "Se deducen indicios de criminalidad inherentes a las manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias, relacionadas con el control del riesgo, ejecución y desenvolvimiento de las relaciones crediticias", asegura en un auto emitido el pasado mes de febrero, aunque en referencia en este caso a los préstamos otorgados a Díaz Ferrán y a su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido. Según pone de manifiesto el informe de KPMG, lo más grave es que la concesión de créditos sin autorización a consejeros era "una constante", sobre todo si se trataba del expresidente de la CEOE. En total, entre 2003 y 2010, Caja Madrid concedió a los familiares y empresas vinculados a Gerardo Díaz Ferrán financiación por un total de 131 millones de euros, de los que 8,7 millones euros se corresponden con operaciones a favor de sus hijos. En la cantidad global está incluido el préstamo por 26,6 millones que Blesa concedió al antiguo dueño de Marsans en 2008 sin tener tampoco la correspondiente autorización. Del resto, un 15 por ciento -algo más de 15,2 millones- no ha sido devuelto y "se encuentran incursos en litigios para intentar la recuperación de todo o parte del crédito", según un informe pericial. KPMG ha transmitido al juez que "las operaciones de financiación aprobadas por Caja Madrid a las empresas de Díaz Ferrán presentan en muchas ocasiones (...) características o defectos de tramitación similares a los comentados para el caso de sus hijos". Las preferentes El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción, por otro lado, si debe investigar a Miguel Blesa, al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y a cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia por estafa en la gestión de las participaciones preferentes. El magistrado ha admitido a trámite varias querellas contra los altos cargos de entidades bancarias que intervinieron en la comercialización de dichos productos financieros, la primera de ellas la presentada por la formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD) el pasado 15 de abril. Andreu abrió entonces diligencias previas separadas e independientes de las que instruye también su Juzgado sobre la salida a bolsa de Bankia a las que ya se han sumado otros querellantes como el movimiento 15-M y ciudadanos particulares afectados por estas participaciones.