El informe de insolvencia de la entidad había alertado en 2008 de un alto riesgo de impagoLa entidad aprobó una ampliación en 2009 sin pedir autorización a la Comunidad de MadridEl expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, dio en 2008 un crédito de 26 millones de euros a Gerardo Díaz Ferrán, antiguo dueño de Marsans y consejero entonces de la entidad, sin tener la autorización de la Comunidad de Madrid y recibiendo la aprobación del consejo de administración el mismo día que se elevó a escritura pública. Esa es una de las principales conclusiones del informe elaborado por KPMG y que sus peritos presentaron el pasado lunes al juez Elpidio José Silva, que está investigando a ambos por presuntos delitos societarios y blanqueo de dinero. El préstamo se concede, inicialmente, por 16,7 millones en noviembre de 2008 ignorando un informe de riesgos de la propia caja que alerta del alto riesgo de impago. Posteriormente, esa línea de crédito se va aumentando en distintas fases, hasta 27,5 millones de euros. En el informe pericial, al que ha tenido acceso elEconomista, KPMG refleja que en agosto de 2009 Blesa se puso en contacto con varios miembros del Comité Financiero, incluido el director de riesgos, de forma indirecta, para que se ampliara la línea de crédito de forma ilegal, sin pedir autorización previa a la Comunidad de Madrid. En un correo electrónico, Juan Bartolomé Pásaro, miembro entonces del comité financiero y director de riesgos, avisa a Ildefonso Sánchez, que pertenece al mismo comité: "Ildefonso esta mañana ha llamado el presidente a Gonzalo Alcubilla (miembro también del comité financiero) para pedirle que estudiara la posibilidad de atender a Gerardo Díaz Ferrán en una petición de 2 millones para hacer frente de manera inmediata a pagos de una de sus compañías (Air Comet)". Y prosigue: "He hablado con Gonzalo (...) la fórmula que nos parece más viable es un excedido en la cuenta de crédito, se podría aprobar de forma inmediata sin autorización de la Comunidad de Madrid". Según KPMG, todo esto pone de manifiesto que se maniobró no sólo para evitar el visto bueno obligatorio del gobierno regional, sino también la aprobación del Comité Financiero. El juez ha llamado ahora como imputados a los seis miembros del comité financiero de la caja -Ildefonso Sánchez Bardoj, Matías Amat, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Juan Bartolomé Pásaro y Luis Crespo- que tendrán que declarar el 22 de mayo. Lo peor además es que cuando se concedió el crédito, Caja Madrid realizó un informe de riesgos que demostraba ya que Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y sus respectivas mujeres -Raquel Santamaría y María Ángeles de la Riva- se encontraban en una posición financiero de un alto nivel de endeudamiento", por lo que existían serios riesgos de impago. Según KPMG, "las sociedades avalistas de la línea de crédito de Holdisan y Parihol se encontraban en una situación financiera bastante precaria, la cual presentaba serias dudas sobre su capacidad para garantizar los importes dispuestos por las sociedades acreditadas". Entre los cuatro, tenían riesgos asumidos de forma directa por obligaciones crediticias personales por importe de casi 29 millones. Y a eso hay que además otros riesgos indirectos de 617 millones más que habían asumido como avalistas. El auditor alerta de esas "abultadas" diferencias y señala además que "el rendimiento neto anual de los cuatro fiadores (714.000 euros), también es bastante más reducido con respecto a los riesgos asumidos, lo que no ofrece muchas garantías aparentes de que estas personas pudieran garantizar el repago del riesgo directo y mucho menos del indirecto". Y por si fuera poco, Caja Madrid admitió en 2008 como garantías una docena de propiedades inmobiliarias por valor de 6,6 millones de euros sin ni siquiera haberlas visto.