Una veintena de magistrados fijan criterios orientativos para las ejecucionesCuanto antes se actúe, mejor. Es la idea que subyace en las conclusiones de la cumbre de jueces celebrada esta semana para fijar criterios orientativos que ayuden a los magistrados cuando se enfrenten a procesos ejecutivos hipotecarios, si sospechan de la existencia de cláusulas abusivas. Y es que la primera conclusión es intervenir cuanto antes y no esperar a que el deudor denuncie que su incapacidad de pago la originaron las condiciones abusivas incorporadas en el contrato. "El juez debe actuar de oficio en protección del consumidor, utilizando todos los intrumentos previstos en nuestras leyes para conseguir una solución acorde al derecho europeo y a la interpretación que del mismo hace el TJUE" -Tribunal de Justicia Europeo-, aconseja el escrito acordado entre una veintena de jueces de Primera Instancia y mercantiles coordinados por el presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol. En cuatro folios establecen unas recomendaciones no vinculantes, pero de previsible seguimiento por los jueces. La guía nace para orientar y sentar bases comunes de actuación hasta que entre en vigor la reforma hipotecaria, lo que es previsible que ocurra en breve con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras la aprobación definitiva el pasado miércoles en el Senado, con los únicos votos favorables del PP. Los jueces no han querido esperar a los cambios del Gobierno, al multiplicarse los focos abiertos tras fallar el TJUE que la normativa española no protegía al consumidor -impedía paralizar una ejecución, aunque después de determinase que se precipitó por la existencia de cláusulas abusivas, posteriormente anuladas, en cuyo caso solo quedaba resarcir al desahuciado y no devolverle su casa. El criterio fijado en la 'cumbre' de jueces es que se actúe de oficio para defender al consumidor, que debe estudiarse cada caso concreto, y considerando los bienes objetos del contrato y demás cláusulas. El consejo es hacerlo en la fase de admisión de la demanda y dar cinco días a las partes -hipotecado y banco- para ponerse de acuerdo. Si el juez aprecia carácter abusivo podrá denegar la ejecución del bien o determinar su continuación, "sin la aplicación de aquellas cláusulas que estime abusivas", que el banco podrá recurrir. Si el proceso ya se encuentra iniciado, permitirá al deudor que haga valer su queja y denuncia en la fase de oposición a la existencia de dichas condiciones abusivas. El cónclave de magistrados aconseja también al juez no modificar las condiciones, sino simplemente tenerlas "por no puestas". Como orientación indican al analizar los intereses morosos que deben considerar la referencia de limitarlos a tres veces el precio oficial del dinero que impondrá la futura ley, y concluyen que los intereses remuneratorios son legales porque es el precio fijado en el contrato.