Dice que "no hay indicios de que participase en el plan criminal de su marido"La Infanta Cristina puede respirar tranquila, al menos, por el momento. La Audiencia Provincial de Baleares dejó ayer sin efecto la imputación que pesaba sobre ellas en el caso Nóos alegando que no hay "indicios vehementes" de que la mujer de Iñaki Urdangarin "conociera, se concertase ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres". El tribunal asegura en su resolución que la conducta de la Infanta como vocal del Instituto Nóos no merece "reproche penal" al no vislumbrar su colaboración en una trama "tendente a cometer un fraude a la Administración en virtud de los distintos convenios de colaboración suscritos entre la entidad y las comunidades valenciana y balear, ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos". Para la Sección Segunda de la Audiencia, el hecho de que tanto la hija del Rey Juan Carlos como su secretario personal, Carlos García Revenga, figuraran en un folleto ilustrativo de Nóos como miembros de su junta directiva "carece de trascendencia penal" para deducir por ello que pudieran haber incurrido en un delito de tráfico de influencias. Tan solo uno de los tres jueces que integraban la Sala, el magistrado Juan Jiménez, se ha mostrado a favor de mantener la imputación. En el auto, la Audiencia deja además abierta, de hecho, la puerta a que pudiera ser citada de nuevo asegurando por un posible delito fiscal, e incluso blanqueo de dinero, aunque para ello pide al juez Castro, instructor del caso, que pide un nuevo informe a la Agencia Tributaria y concluya antes la investigación. "Podrían derivarse indicios de delito respecto de la Infanta Cristina, motivo por el cual tales investigaciones han de producirse respecto a ella". En el auto se apunta, de hecho, que tanto Urdangarin como la Infanta se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa. Y es que el dinero no se quedó en la cuenta de Aizoon, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos por parte de la hija del Rey. Estos delitos prescriben en dos meses, pero la Audiencia estima "interrumpido" ese periodo. Asimismo, insta además al instructor a que requiera a la defensa de Diego Torres que aporte los correos electrónicos que pretenda utilizar "en su defensa y en perjuicio de otros imputados", en un plazo determinado e improrrogable, con la advertencia de que transcurrido ese plazo no se le admitirán más.