Sousa intentó engañar al juzgado enviando datos falsos y dijo luego que era un errorLas cuatro grandes auditoras son las favoritas para tomar las riendas de la pesqueraLa CNMV toma el control de Pescanova. Al presidente de la compañía pesquera, Manuel Fernández de Sousa, le ha salido mal la jugada. Pidió el concurso de acreedores para tratar de ganar tiempo y evitar que los accionistas le destituyeran en la próxima junta, pero el magistrado Roberto de la Cruz, titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra, emitió ayer un auto por el que deja la gestión en manos del supervisor de los mercados. Tanto Fernández de Sousa como el resto de miembros del consejo de administración han sido apartados. "El mantenimiento de las facultades patrimoniales del deudor entraña evidentes riesgos", asegura el juez. Aunque lo habitual es que se designen tres administradores, dada las especiales condiciones de este concurso, se ha optado porque sea la CNMV la que intervenga, tome el control y designe sólo a uno. El nombramiento se tiene que producir antes de cinco días, aunque luego el administrador tendrá un plazo de dos meses para presentar su informe. En teoría cabe la posibilidad de que el supervisor nombre a un técnico interno, pero todo indica que no será así dado el tamaño del presunto fraude. Los favoritos son las cuatro grandes auditoras -KPMG, Ernst & Young, Deloitte o PricewaterhouseCoopers-, con capacidad de operar en distintos países y analizar el entramado societario. Teniendo en cuenta que KPMG está haciendo ya funciones de auditoría, lo más probable así es que sea uno de los otros tres. Acreedores Asimismo, y de acuerdo con lo que marca la legislación vigente en la materia, los acreedores tendrán el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación del concurso en el BOE, para comunicar sus créditos. El problema de fondo es que Fernández de Sousa no sólo mintió a la CNMV, sino que trató de engañar también al juzgado que ha asumido la gestión de su concurso. Según el auto, "existen discrepancias relevantes entre la información suministrada junto con la solicitud del concurso y la subsanación presentada pocos días después". Al igual que hizo con el supervisor, el presidente de Pescanova declaró primero una participación del 14,4 por ciento para admitir después que tenía sólo el 7,5 por ciento. Eso, unido a que aumentó el pasivo en cerca de 88 millones de euros, alegando que la cifra presentada en un principio había sido un error, que su cargo ha caducado ya de acuerdo con los estatutos de la sociedad, y que la solicitud del concurso tuvo hasta cinco votos en contra en el máximo órgano ejecutivo - "lo que por descontado es legítimo, pero da cuenta de la existencia de discrepancias en una decisión de tal trascendencia", según el auto- es lo que ha provocado la decisión del juez. Para el magistrado, todo ello apunta que "mantener las plenas factultades del deudor (en referencia al consejo de Pescanova) puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal, en particular atención a que el cumplimiento de los fines del concurso, cuales son el mantenimiento de la actividad y el empleo, junto con la satisfacción de los intereses de los acreedores, máxima en un proceso de esta magnitud, exige una voluntad única y eficaz". La administración concursal cuenta ya con el apoyo del auditor forensic KPMG, que investiga a fondo las cuentas en busca de deudas multimillonarias no declaradas en una telaraña de 89 empresas participadas, según los datos del registro mercantil. Pescanova, que a septiembre de 2012 declaraba una deuda consolidada de unos 1.500 millones de euros (1,8 veces el beneficio operativo), podría tener en realidad un pasivo de más de 3.000 millones de euros. Mientras tanto, y para poder conocer el valor real de los bienes y activos con los que cuenta la compañía, el juez requerirá información al Registro Mercantil de Pontevedera, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, al Registro de bienes Muebles (para conocer el número de buques), y a los registros de la Propiedad de Vigo y Redondela (Pontevedra). En el caso de que el concurso acabara siendo considerado culpable, Fernández Sousa y el resto de los administradores podrían enfrentarse además al embargo de su patrimonio personal.