L a cuarta reunión de los Ministros de Energía Limpia (Clean Energy Ministerial, una especie de G20 ampliado de la energía), celebrada en Delhi entre el 16 y el 18 de abril y copresidida por el todavía Secretario de Energía de EEUU, Steve Chu, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de Planificación india, Montek Singh Ahluwalia, dedicó su atención, entre otros asuntos, a cómo incrementar la fotovoltaica a nivel global. La fotovoltaica es una tecnología probada, flexible y capaz de adaptarse a cubiertas, pequeñas instalaciones o grandes plantas, conectarse a la red o generar en sistemas aislados. Ofrece ya precios muy competitivos, paritarios (o casi) a los de la red eléctrica en muchos países del mundo. Sin embargo, tal y como subrayaron la Directora de la Agencia Internacional de la Energía y el CEO de Bloomberg New Energy Finance en Delhi, la inversión movilizada y la nueva potencia instalada se mantienen aún muy por debajo de lo que deberían con arreglo a sendas sostenibles y al compromiso declarado por más de 180 países en Naciones Unidas, considerando los competitivos precios y ventajas que ya ofrece. Entre los puntos que explican este crecimiento por debajo de lo razonable destacan la diferencia entre una drástica caída de los costes del producto frente al mantenimiento estable de los denominados soft costs (instalación, costes financieros, permisos, etc.). Es decir, costes financieros por encima de otras infraestructuras energéticas tradicionales y barreras administrativas y culturales. El sistema energético en la mayor parte de los países occidentales está diseñado y gestionado con arreglo a un modelo centralizado, con pocos operadores y grandes instalaciones. La instalación de pequeñas plantas fotovoltaicas tropieza con marcos regulatorios poco coherentes; mala información; escasos y no siempre competitivos servicios de instalación, operación y mantenimiento; prolongados y complejos procedimientos administrativos. Resolver todas estas cuestiones no puede hacerse sin una clara y decidida voluntad política e, incluso, cuando ésta existe, debemos concretarla teniendo en cuenta que los procesos de cambio requieren más tiempo del esperado. En muchos países, no se trata de establecer una agenda para incrementar la capacidad eléctrica instalada sino para transformar la existente, exigiendo a los consumidores un coste asumible y proporcionado. Hay aspectos que deben ser abordados desde las administraciones y otros requieren la actuación del ámbito empresarial de forma complementaria. En este sentido, la actuación de las políticas públicas debe guiarse por cuatro grandes ejes: primero, regulación mejorada y eficiente introduciendo objetivos obligatorios en nuevas edificaciones y en la rehabilitación integral de las existentes; regulando adecuadamente la conexión de estas instalaciones a la red y los nuevos requerimientos de gestión de la misma. Segundo, dando a conocer la fotovoltaica con el ejemplo exigiendo en sus concursos que parte de la electricidad consumida en edificios públicos proceda de instalaciones fotovoltaicas en cubierta. Tercero, facilitando al máximo los procedimientos de instalación: mediante sistemas estandarizados, evitando duplicidades, simplificando los requerimientos de inspección previa en función del tamaño, etc. Y, por último, desarrollando inversiones asumibles bien mediante herramientas tradicionales como la exención fiscal, respaldando la financiación privada a bajo coste; o, en países o comunidades especialmente pobres y vulnerables, adelantado la inversión inicial o asumiendo la copropiedad de este tipo de instalaciones. También son válidos, con cautelas, los modelos de primas y, por supuesto, los esquemas de balance neto en la red; que, más que una alternativa de financiación, representan una transformación del sistema energético. En cuanto al papel del ámbito empresarial, cabe señalar el recorrido que todavía tienen las soluciones estandarizadas y sencillas plug and play; la importancia de enfocar su negocio en la oferta de soluciones energéticas y no tanto en venta de productos concretos; estableciendo alianzas con grandes operadoras eléctricas, buenas conocedoras del negocio de la distribución y con instituciones financieras, capaces de ofertar productos sencillos y baratos para hacer viable el coste inicial de la instalación y una clara apuesta por la mejora en la formación de quienes trabajan en los servicios de instalación, operación y mantenimiento. Hay diversas posibilidades para facilitar el crecimiento de la potencia instalada como el alquiler de las cubiertas, la cesión de la propiedad a la compañía eléctrica o el pago de la instalación contra la factura de la luz, el leasing de la instalación. Muchas y muy variadas medidas prometedoras para un país que, como España, cuenta con tan brillante cifras de industria, tecnología y horas de radiación.