También sancionará por los inmuebles que las entidades e inmobiliarias no pongan en alquilerCataluña anunció el lunes que introducirá una tasa a las viviendas que estén deshabitadasCanarias ha decidido sumarse a las propuestas de Andalucía sobre inmuebles y ha anunciado que modificará con urgencia la Ley Canaria de Vivienda para poder expropiar durante tres años los pisos a la banca y otras personas jurídicas en favor de familias en peligro de desamparo. El anuncio se produce sólo un día después de que la Generalitat de Catalunya comunicara que está negociando con CiU y ERC introducir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2013 una nueva tasa que gravará los pisos desocupados de tienen la banca e inmobiliarias. Según el presidente de Canarias, Paulino Rivero, el objetivo de la modificación normativa será fomentar el alquiler de viviendas vacías en esta comunidad y, a la vez, impulsar medidas que frenen los desahucios. Cuando Andalucía promulgó su normativa a principios de este mes, Rivero ya había manifestado que la iniciativa para frenar los desahucios le parecía muy interesante y dijo sentir "la obligación moral" de estudiar la posibilidad de ponerla en marcha en Canarias. Su mayor duda surgía de que Andalucía había realizado la modificación a través de un decreto ley, posibilidad que no es posible en Canarias. Por ello, tal como anunció ayer, se realizará a través del cambio de la ley andaluza que regula la vivienda. Con ese modelo tan reciente, las novedades de Canarias serán un calco de las andaluzas. Así, la expropiación se realizará cuando afecten a familias en situación de emergencia social y, una vez terminados los procedimientos de adjudicación, el piso quede en manos de la banca. Como compensación a la banca, el tribunal fijará la cuantía del justiprecio, que deberá pagarlo la familia beneficiada, hasta un tope del 25 por ciento de su renta, y la administración canaria. Además, igual que en el decreto andaluz, se promulgarán medidas cuyo objetivo es promover el alquiler, por lo que se establecerá un mecanismo para que los propietarios, según declaró Rivero en el Parlamento canario, puedan alquilarla con todo tipo de garantías. Además de estas dos medidas centrales, se establecerá un sistema de sanciones para aquellos a los que va dirigida la ley y no atiendan sus disposiciones. El decreto andaluz, que liga el derecho de la propiedad con el uso social de la vivienda, establece multas de hasta 9.000 euros si no se tiene una vivienda alquilada. También establece sanciones para las promotoras, con la exclusión por tres años de proyectos de viviendas protegidas. Según Rivero, que realizó el anuncio a raíz de una pregunta parlamentaria, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias consideran que las medidas implantadas en Andalucía y proyectadas en las islas, parecen "solventes, constitucionales y dan respuesta a un problema social que está afectando a miles de familias". Según los datos del Ejecutivo insular, en esta comunidad autónoma han sido desalojadas 4.100 familias durante 2012, mientras que están pendientes otros 9.400 expedientes de ejecución. La medida, como la anunciada ayer en Cataluña, es fuertemente criticada por la banca y por algunas comunidades autónomas, que consideran que se puede romper la unidad de mercado. Por su parte, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el último Consejo de Ministros, afirmó que no tiene mucho sentido, tras las modificaciones introducidas en la ley antidesahucios, lo dispuesto por la Junta, además de dudar de dónde se puede sacar dinero para abonar el justiprecio de las expropiaciones temporales cuando, a la vez, se tiene que cumplir con los objetivos de déficit público. El M inisterio de Justicia, por su parte, aseguró que estudiaría si la normativa andaluza se ajusta a la Constitución. En Andalucía, según la Junta, hay entre 700.000 y un millón de viviendas desocupadas, y la mitad estaría en manos de bancos, promotores o gestores inmobiliarios. Ayer, tras la exposición del presidente canario, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, calificó la medida de "ocurrencia" y acusó a Rivero de no haber hecho "absolutamente nada" para ayudar a las familias que han tenido que hacer frente a hipotecas "abusivas" o que han sido desalojadas de sus hogares. Además de estas dos normativas, la canaria y la andaluza, copiada una de otra, la catalana recogerá muy pronto otra, según anunció el lunes, que gravará los inmuebles en poder de la banca o de inmobiliarias que estén vacíos. En este caso, el tributo se aplicará en los 70 municipios donde la Generalitat asegura que se ha detectado una firme demanda de alquiler. Estos ayuntamientos son los más poblados, ya que incluye la mayoría del área metropolitana de Barcelona. La cantidad que se deberá pagar estará determinada por el valor catastral de la vivienda y será proporcional al parque de pisos deshabitados que tengan bancos e inmobiliarias. Según los cálculos del Ejecutivo catalán, haya unas 80.000 viviendas vacías en la cartera de bancos y empresas inmobiliarias. En las tres comunidades se excluyen los pisos propiedad de los particulares, de tal modo que éstos no se verán afectados por poseer pisos vacíos ni tampoco podrán sufrir la expropiación temporal. Respecto a lo que puedan hacer el resto de comunidades, Asturias rechazó el camino de las expropiaciones y firmó recientemente un acuerdo con la siete mayores entidades más representativas en el Principado para aportar viviendas que ocupen desahuciados por un año, prorrogable por otros dos, con alquileres máximos de 400 euros mensuales, pero que serán de 100 euros de media. La Comunidad de Madrid fue la primera en rechazar de plano la propuesta andaluza, al igual que luego lo hicieron Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares, Galicia, Valencia, Extremadura, Castilla y León y Cantabria, bien por rechazar que estén en vigor diferentes legislaciones en España, bien por considerar que las medidas puestas en marchas en sus respectivas comunidades, la mayoría para promover, como en Asturias, el régimen social de alquiler, son una solución más efectiva para proteger a las familias que han sido desahuciadas.