Envía el expediente y acusa a Fernández de Sousa de información privilegiadaEl presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, no se enfrenta ya sólo a la apertura de un expediente sancionador por parte de la CNMV. El empresario gallego tendrá que responder además ante la Fiscalía Anticorrupción por un posible caso de información privilegiada, tras haber vendido justo antes del preconcurso la mitad de sus acciones -se desprendió en total de un 7 por ciento del capital-. La CNMV trasladó el expediente a la fiscalía el pasado viernes, después de que lo aprobara un día antes su comité ejecutivo, según confirmó ayer la presidenta del organismo, Elvira Rodríguez. Anticorrupción pondrá la lupa sobre las numerosas operaciones de venta llevadas a cabo por Fernández de Sousa desde el pasado 4 de diciembre hasta el 27 de febrero, deshaciéndose de un total de 1,98 millones de acciones del grupo de congelados, representativos del 6,9 por ciento del capital, a precios entre un máximo de 17,7 euros y un mínimo de 13,6 euros. Fernández de Sousa, que ingresó un total de 32 millones, se lo ocultó tanto a la CNMV como al consejo de administración para poder mantener así a sus cuatro representantes e imponerse en las votaciones a los accionistas críticos, encabezados por Damm. Proceso abierto La investigación se dirige también contra su hijo, Pablo Fernández Andrade, presente en la sociedades patrimoniales a través de su padre y contra Alfonso Paz Andrade, el exconsejero delegado, que se desprendió de 120.000 acciones, aunque en este caso sí que lo comunicó oportunamente a la CNMV, anunciando que había reducido su participación del 4,2 por ciento al 3,81 por ciento del capital. Según la Ley del Mercado de Valores, todos los consejeros de las compañías cotizadas están obligados a comunicar cualquier movimiento significativo en sus participaciones en el plazo de cuatro días hábiles bursátiles, con lo que Fernández de Sousa y su hijo habrían vulnerado la normativa. Eso, además de haber ocultado más de 1.400 millones de deuda y de haber llevado a cabo operaciones presuntamente fraudulentas en algunas de las filiales, con contratos ficticios para lograr crédito y, según sospecha el auditor, facturas falsas. La consejera de Trabajo de la Xunta, Beatriz Mato, reclamó ayer por su parte a Pescanova que haga un "esfuerzo" para ser "absolutamente transparente" con la CNMV, sus accionistas y sus empleados, ya que, según añadió, "no es momento para jugar con miles de puestos de trabajo", y estos últimos son "fundamentales" para el desarrollo de la empresa. Con ello, se confirma el cambio de discurso de la Xunta, que en un primer momento mostró su apoyo total a Fernández de Sousa y se mostró dispuesta incluso a dar ayuda económica. Los trabajadores también han reclamado transparencia.