A finales de 2012, la Comisión Europea destacó la necesidad de desarrollar las redes inteligentes (redes eléctricas mejoradas con sistemas de comunicación bidireccional y sistemas de gestión que tienen como objetivo conseguir un sistema eléctrico más eficiente y de mayor calidad) como una de las seis líneas prioritarias de actuación para conseguir una industria europea más fuerte que contribuya al crecimiento y a la recuperación económica. Entre los motivos que han llevado a considerarlo prioritario destacan permitir una integración mucho mayor de la generación distribuida, transportar y equilibrar la energía eléctrica obtenida a partir de fuentes renovables a diversos niveles de tensión, permitir el desarrollo de nuevos usos de la energía eléctrica (ej: vehículo eléctrico), conseguir una gestión activa de la demanda, etc. En este sentido, en los próximos años la red eléctrica afronta importantes desafíos tecnológicos para los que resulta clave la I+D+i en redes de transporte y de distribución. La inversión que se va a realizar en esta área antes de 2020 es elevada, destacando los 60.000 millones de euros previstos en la UE y los aproximadamente 700.000 millones de euros a nivel mundial. En la situación económica actual, estas cantidades son de gran interés para las empresas españolas, máxime cuando ocupan una posición de liderazgo en diferentes áreas a desarrollar en torno a las redes inteligentes, como es la propia construcción de las redes eléctricas (diversas empresas han acometido la ejecución de complejos proyectos de redes eléctricas a nivel internacional) o la implementación de TIC en redes eléctricas (se tiene contrastada experiencia en la implementación de contadores inteligentes, smart grids, etc.) Si se aprovecha esta situación y se dispone de redes capacitadas tanto para absorber el esperado boom de los sistemas distribuidos como para transportar la energía eléctrica generada, tanto en el Norte de África como en España, mediante grandes instalaciones de fuentes renovables, además se tendrá la posibilidad de exportar energía eléctrica de carácter renovable a países centroeuropeos con gran demanda energética. En este escenario, España tendría la posibilidad de convertirse en país exportador neto de electricidad de origen renovable con las ventajas que ello conlleva en términos económicos (contribución al equilibrio de la balanza de pagos, etc).