Cita al primer ejecutivo de Orizonia para aclarar si preveía comprar MarsansEl juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha imputado a todo el comité financiero de Caja Madrid durante la era de Miguel Blesa por el crédito de 26,5 millones de euros concedido a uno de los consejeros, Gerardo Díaz Ferrán, en 2009. En concreto, el magistrado Elpidio José Silva ha llamado a declarar el próximo 22 de mayo a Ildefonso Sánchez Barcoj, Fernando Sobrini, Matías Amat, Gonzalo Alcubilla, Juan Bartolomé y Luís Crespo. El magistrado amplía a ocho la lista de imputados, restringida hasta ahora a Miguel Blesa y Díaz Ferrán, a raíz de las pruebas practicadas y, sobre todo, tras tomar declaración a un inspector del Banco de España. El juez Silva abrió diligencias tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, acusando a Blesa de otorgar el crédito a Díaz Ferrán, antiguo dueño del grupo Marsans, con garantía de un holding empresarial en quiebra y con aval de activos ya hipotecados. El director de riesgos y recuperaciones de Bankia, Juan Carlos Estepa, declaró ante el juez en marzo que el expresidente de CEOE aportó un acuerdo de intenciones para vender Marsans al grupo turístico Orizonia por 300 millones. Testificación de Orizonia Para arrojar luz sobre este último extremo, el magistrado ha citado en calidad de testigo para el mismo día 22 también al empresario Gabriel Subías, quien fuera consejero delegado de Orizonia durante 14 años, informó ayer Europa Press. En el marco del procedimiento, el juez ha requerido a Caja Madrid una batería de documentación. Solicita el acta del consejo de administración celebrado el 17 de noviembre de 2008, en el que se aprobó una primera línea de crédito por importe de 24 millones de euros y ampliada posteriormente, en favor de Hodilsan Inversiones y Parihol Inversiones, sociedades patrimoniales ligadas al expresidente de la CEOE. Ha solicitado las tasaciones correspondientes a 20 fincas propiedad de la entidad Iberiacolor y Viajes Marsans, que se aportan como garantía de dicha operación por 7,6 millones, y el acta o documento análogo del consejo que autorizó el 23 de noviembre de 2009 la concesión de un préstamo a seis meses por 26,5 millones, informó Ep. Blesa declaró ante el juez que el crédito, concedido en 2007, contaba con el respaldo del Banco de España y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, las primeras indagaciones judiciales apuntaron a que no informó al consejo de administración de su existencia hasta un año después y les indicó la existencia de garantías inexistentes, al encontrarse hipotecadas. Fuentes jurídicas indicaron que eso provocó que la línea se dispusiese por tramos: de los 24 millones aprobados, entregaron 17 millones y se bloquearon otros siete hasta que presentase una oferta indicativa que regularizase la concesión del crédito. Las escrituras se remitieron al comité financiero, pero el consejo de administración no tuvo noticias hasta finales de 2008. Las dudas sobre la operación se acrecientan en sede judicial después de que varios miembros del comité de auditoría de la entidad negasen conocimiento sobre la operación, y el juez dude de los testimonios de Blesa y Díaz Ferrán.