El Gobierno y las regiones del PP abogan por una solución común, mientras Canarias es la única en respaldar el decretoEl decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía no ha encontrado eco en la mayoría de las comunidades autónomas, salvo en Canarias, y ha sido criticado por las gobernadas por el PP, que consideran que busca titulares "para contentar a determinada parroquia". La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha planteado al Ministerio de Fomento que convoque una reunión sectorial con todas las autonomías para debatir sobre los desahucios y explicar allí "con detalle" el nuevo decreto ley sobre la función social de la vivienda. El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, lamenta que "ciertos sectores económicos y financieros tachen de inconstitucional" el decreto-ley de Función Social de la Vivienda "sin haberlo leído". Sin embargo, el Gobierno central considera que la respuesta al problema de los desahucios debe ser común y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha avanzado que estudiará su "encaje legal". El decreto andaluz, que prevé sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen sus viviendas vacías, no ha gustado a las comunidades gobernadas por el PP, aunque sí ha tenido una buena acogida en Canarias, donde su presidente Paulino Rivero (CC) ha dicho que se trata de "un paso interesante" y se ha mostrado dispuesto a estudiar su viabilidad. También para el Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, es "legítima" la expropiación de viviendas cuando hay "un incumplimiento en la función social de la propiedad", aunque cree que hay otras vías como la aplicación de la legislación concursal. Crítica general del PP La crítica en las comunidades populares ha sido generalizada. En el caso de Castilla-La Mancha, el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, ha asegurado que el Gobierno de Griñan sólo busca "el titular y contentar a determinada parroquia, más que a solucionar problemas reales". Para el Gobierno de Extremadura el decreto ley andaluz vulnera el derecho a la propiedad y no tiene cabida dentro de las competencias de una comunidad autónoma. No obstante, IU -que con su abstención facilitó la llegada de José Antonio Monago a la Presidencia extremeña- ha manifestado que está dispuesta a proponer la medida andaluza en Extremadura. Baleares se ha manifestado en la misma línea y su presidente, José Ramón Bauzá, ha recordado que desde hace un año el Instituto Balear de la Vivienda paralizó los desahucios y, por ello, no hicieron "ostentación ni gala". Para el presidente de Madrid, Ignacio González, una medida así pone en cuestión la defensa de la propiedad privada, mientras que el de La Rioja, Pedro Sanz, ha abogado por la coordinación entre las comunidades y el Estado para paliar el drama de los desahucios. El consejero de Fomento de Castilla y León, Antonio Silván, ha dicho que propuestas como la de Andalucía son sólo "de cara a la galería" y desde el Gobierno valenciano creen que "es una receta equivocada" y una medida "inconstitucional". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el decreto andaluz es una medida muy poco "inteligente" y típica "de otros países".