Habría operado en paraísos fiscales con una red oculta desde Namibia, Argentina y UruguayDamm, Luxempart, Iberfomento, Yago Méndez y Basagoiti votan en contra del concursoEl barco de Pescanova se hunde cada día que pasa un poco más. Las entidades financieras acreedoras de la compañía, que han contratado como asesor a KPMG, tienen sospechas fundadas de que el gigante de los congelados podría haber realizado operaciones fantasma, algunas incluso desde paraísos fiscales, para obtener financiación y desviar dinero. Son operaciones que, de acuerdo con las fuentes consultadas, se podrían haber orquestado desde Namibia, Argentina y Uruguay. Durante la reunión del consejo de administración del pasado jueves, en la que se acordó la presentación del concurso de acreedores y la destitución de BDO como auditor, el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, se negó a facilitar ningún dato sobre el mapa real de sociedades. Todo indica, sin embargo, que podría haber, al menos, cinco firmas fuera de balance y que ni siquiera aparecían en las memorias. Conocimientos de embarque Fuentes próximas al máximo órgano ejecutivo aseguran, por ejemplo, que "hay por ejemplo una sociedad mixta en Namibia con otra empresa, que el presidente se negó a identificar". Pero, ¿cómo podía Pescanova obtener financiación presuntamente irregular y, sobre todo, cómo pudo ocultárselo al auditor? Estos son los dos grandes interrogantes que están ahora mismo sobre la mesa. BDO se defiende argumentando que no había sociedades sin consolidar que, o bien están sin auditar o bien fueron supervisadas por otras firmas. A falta de que se designe un nuevo auditor, lo que KPMG está investigando ahora mismo por encargo de los acreedores son posibles créditos logrados gracias a bill of lading o conocimientos de embarque que no respondían a la realidad. Se trata de documentos propios del transporte marítimo, que se utilizan como contrato de envíos de las mercancías en los buques. La finalidad de estos contratos es proteger al cargador y al consignatario de la carga frente al naviero y dar confianza a cada parte respecto al comportamiento de la otra. Pescanova los habría presentado ante entidades bancarias para lograr crédito cuando en realidad no existía ninguna mercancía ni se habría llevado a cabo, por lo tanto, ningún tipo de transporte. Consciente de estas sospechas, Fernández de Sousa forzó el jueves a última hora de la noche la presentación del concurso voluntario de acreedores y la destitución de BDO, en un intento desesperado por aferrarse al poder. Lo hizo al no haber podido alcanzar un acuerdo en el consejo de administración, que se prolongó durante 13 horas el pasado jueves y en el que no hubo ni un minuto de descanso. La situación es sumamente compleja porque, tras un continuo cruce de amenazas con los tribunales de por medio entre el presidente y los representantes de Damm, Luxempart e Iberfomento, que suman el 15,37 por ciento del capital, cinco de los doce consejeros presentes votaron en contra de las medidas adoptadas, entre ellos los representantes de estas tres sociedades, además de los independientes Antonio Basagoiti y Yago Méndez. "Fernández de Sousa lleva el barco a la quiebra, lo único que intenta es ganar tiempo para evitar su destitución. Lo que no puede hacer ahora es culpar al auditor, cuando él es el único responsable de lo que está pasando", aseguran fuentes del máximo órgano ejecutivo. Las cuentas, presentadas Un portavoz de Pescanova aseguró ayer que la empresa había remitido ya las cuentas a la CNMV, algo que sorprende a algunos de los consejeros presentes en la reunión, que ayer por la tarde desconocían incluso cuál era el balance que se ha enviado y si se corresponde o no con la realidad, ya que ni siquiera había sido aprobado por el auditor. Lo único que parece claro, de momento, es que la deuda real, al menos la admitida por la empresa, se eleva a unos 2.700 millones de euros, lo que supone 1.200 millones más que lo declarado inicialmente a la CNMV. Si se confirmara esa cifra, eso supondría que existe un desfase de unos 500 millones respecto a los activos declarados. Ante todo ello, Damm y Luxempart están estudiando ya acciones legales por delito societario y, lo peor para Fernández de Sousa, es que tanto la banca como incluso la CNMV podría seguir el mismo camino. El supervisor de los mercados confirmó ayer, de hecho, que solicitará la intervención de la Fiscalía en el caso de que se detecten posibles delitos en las cuentas, que siguen sin hacerse públicas. La estrategia de la compañía pasa, sin embargo, por culpabilizar de todo al auditor. De hecho, Fernández de Sousa ha encargado a sus servicios jurídicos la presentación de una demanda contra BDO, que ha supervisado sus cuentas durante una década. El nuevo auditor será elegido entre grandes firmas, posiblemente Deloitte o PWC; no podrá ser KPMG -que asesora a los cerca de 40 bancos acreedores a- ni Ernst & Young, que podría tener incompatibilidades, ya que aún audita a algunas de sus filiales (fue su auditora hasta 2001).