Un grupo de accionistas de la empresa Aigües de Sabadell (Cassa), liderado por el vicepresidente de la sociedad (Lluís Pascual), denunció ayer irregularidades en la oferta pública de adquisición (opa) que Aguas de Barcelona (Agbar) ha hecho sobre la compañía. El colectivo ya ha denunciado la situación ante el juzgado mercantil número 6 de Barcelona, donde están citados el próximo 16 de abril. Además del vicepresidente de Cassa, forma parte del grupo crítico la consejera independiente y presidenta de su comisión de auditoría, María Ángeles Bosser. Ambos aseguran representar al 16 por ciento del capital de la empresa. También está alineado con esta postura el secretario del consejo, Carlos Enrich. El vicepresidente de Cassa denunció ayer que el presidente de la sociedad, Xavier Bigatá, y cuatro consejeros dominicales "han vulnerado flagrantemente la ley de sociedades y todos los códigos de buen gobierno corporativo". En su opinión, "estos cuatro consejeros dominicales, que representan principalmente inversores institucionales, que no se juegan su propio dinero, han pactado ya la venta irrevocable de sus acciones a Agbar a un precio de 60 euros". Dado que ya han vendido irrevocablemente sus participaciones, "por la más mínima coherencia y ética empresarial, deberían haber dimitido de sus cargos, y no deberían de poder participar en la toma de decisiones que afecten al futuro a largo plazo de la compañía". Lluís Pascual argumentó que "comprometer la venta de tus acciones a tu principal competidor geográfico es una mala jugada que le haces a la empresa de la que eres accionista y si además te sientas en su consejo de administración, es un gesto de clara deslealtad". También recordó que hace menos de tres años, Agbar ofreció 71 euros por acción de Cassa y "sólo pudo hacerse con el 2,09 por ciento del capital, dado el rechazo incluso de aquellos accionistas que hoy han aceptado la oferta. Respetamos su decisión, pero cabe preguntarse sobre los motivos de la misma". El grupo denuncia la "opacidad y falta de transparencia" de Bigatá que "desde el anuncio de la opa en diciembre, no ha convocado ninguna reunión del consejo de administración para analizar la oferta". También asegura que "ha rechazado de manera sistemática y repetida todas nuestras solicitudes de información" y, especialmente, "nuestra petición de solicitar a un experto independiente un informe de valoración de la compañía sobre el que basar las opiniones del consejo respecto a la oferta", lo que les deja en situación de indefensión.