Delimitar la tajada que los sindicatos obtienen de los fondos estatales puede resultar prolijo, pero no imposible, sobre todo si se intenta hacer lo mismo con las autonomías. Los intentos de este periódico por obtener datos, aunque fuera limitados a las regiones más pobladas, han resultado infructuoso. Incluso, un portavoz de uno de esos Ejecutivos llegó a confesar que facilitar esa información supondría todo un aprieto. Entre lo poco que se sabe a ciencia cierta, se encuentra la certidumbre de que el mayor beneficio para las centrales proviene de exonerarlas del pago de los alquileres de las sedes de las que disfrutan, generalmente, en las calles más céntricas de las 52 capitales de provincia españolas. Haciendo una estimación sobre un alquiler hipotético moderado, y teniendo en cuenta que los sindicatos tienen derechos de uso sobre aproximadamente 350.000 metros cuadrados, puede estimarse un ahorro para los sindicatos de siete millones de euros anuales. No sólo alquileres Pero no acaban ahí las prebendas que un Gobierno autonómico puede conceder a los representantes de los trabajadores. Aunque las partidas no estén cuantificadas, es posible, al menos, hacer una enumeración de aquéllas con las que la Junta de Andalucía los ha obsequiado durante años. Así, especialmente UGT y Comisiones han visto cómo la reparación de las sedes y los equipos de oficina ha corrido a cargo del Ejecutivo regional. También ha estado a su cuenta el material de informática y otros consumibles, además del material de papelería. Del mismo modo, ha habido barra libre en cuanto a gastos de reuniones, a los que se suman los propios de transporte, comuniación y propaganda. En algunos casos, los sindicatos tampoco han tenido que preocuparse de sufragar gastos jurídicos. De este modo, Andalucía ha conseguido garantizar durante décadas una paz social inaudita en una comunidad, en algunas de cuyas provincias (como Cádiz) el paro supera el 40 por ciento.