Soria confirma que no subirá la parte regulada y resalta que es positivo para las familias Se trata del primer abaratamiento desde 2009, año en que comenzó la liberalización del sectorEl bolsillo del ciudadano se llevará una alegría a partir del próximo mes de abril. El recibo de la luz bajará a un 6,7 por ciento después de que el Ministerio de Industria haya decidido mantener su decisión de congelar el coste de la parte regulada de la tarifa eléctrica, tal como ayer mismo volvió a ratificar el titular de esta cartera, José Manuel Soria. Este alivio para el bolsillo de los consumidores, no obstante, resulta más ficticio que real, ya que por contra se incrementará el déficit de tarifa eléctrico que se paga posteriormente en plazos de quince años. La abundancia de lluvias, así como la buena marcha de las renovables en el primer trimestre, gracias a la aportación de la eólica, han hecho que los precios de la subasta Cesur registrados ayer retrocedieran un 15 por ciento. Como la subasta supone el 50 por ciento del recibo, sólo se traslada la mitad de la bajada. Tras la decisión del Gobierno de congelar la parte regulada del recibo -motivo por el que se incrementará el déficit- el resultado de la tarifa arroja el primer abaratamiento real de la factura eléctrica desde la liberalización del sector en 2009, cuando se creó la tarifa protegida a través de la Tarifa de Último Recuso, como la única que fija el Gobierno para los clientes domésticos con una potencia inferior a los 10 kilowatios. Fue entonces cuando el Gobierno también comenzó su lucha contra la bola de nieve en la que se convirtió el déficit de tarifa, por lo que desde hace cuatro años la mencionada tarifa protegida sólo ha bajado en octubre del pasado año, con un descenso del 2,2 por ciento. No obstante, este abaratamiento no llegó a reflejarse en la factura porque coincidió con la subida del IVA. Por contra, en el sector eléctrico no se está de acuerdo con la decisión de Industria de no influir en los peajes. A juicio de las eléctricas, se debería aplicar una subida de la parte regulada para compensar la caída de la subasta y que diera como resultado una congelación de la factura. Pero Soria se mantiene en sus trece. Es más, ha atado de pies y manos a las eléctricas para que no puedan llevar a los tribunales las sucesivas tarifas como tradicionalmente se hacía. En concreto, Industria ha suprimido las revisiones trimestrales del recibo y sólo se mantienen las subastas Cesur, como la celebrada ayer, con lo que el sector no tiene una orden ministerial que recurrir. Por otro lado, Industria también ha eliminado la justificación en la que se basaban estos recursos: el Gobierno había fijado por Ley unos objetivos del fin del déficit. Hasta ahora, el Tribunal Supremo ha decretado dos refacturaciones de la tarifa en trimestres donde se había congelado la parte regulada. De fondo se encontraba un déficit de tarifa descontrolado y que debía acabar en 2013. Por ello, el Gobierno utilizó el último Boletín Oficial del Estado para eliminar los objetivos de fin del agujero eléctrico y lo hizo a través de un Real Decreto Ley para Empleados del Hogar, lo que causó un gran malestar entre las eléctricas. Hay que tener en cuenta que el recibo de la luz se ha encarecido de manera exponencial en los últimos cinco años, lo que ha tenido una clara repercusión en la gran industria -a través de los peajes-, ya que la energía es de los mayores costes que soportan en sus negocios. Sólo en 2011, la tarifa regulada para los hogares subió un 10 por ciento y en 2012 lo hizo en otro 5,4 por ciento. A esto hay que añadir las refacturaciones obligadas por el Supremo y que derivaron en una subida del 7 por ciento en forma de derramas desde agosto hasta fin de año. El ministro se ratifica Por ello, Soria valoró ayer de forma "favorable" la bajada de la subasta porque el hecho de que baje el precio de un servicio como es el de el recibo de la luz es "positivo" para todas la familias y, sobre todo, para las que se acogen a la tarifa de ultimo recurso, que son la mayor parte en España, informa Ep. Respecto a si en un futuro el Gobierno subirá los costes regulados del sistema eléctrico, Soria señaló que es una cuestión que en estos momentos no se ha planteado de cara al siguiente trimestre. "Vamos a esperar a ver cuál es la evolución del mercado y el efecto de las medidas que se están adoptando, así como de otras medidas que están en marcha y que se adoptarán dentro de no mucho y, por tanto, en función de eso el Gobierno irá decidiendo", explicó en un acto de Telefónica celebrado en Madrid. Respecto a las últimas declaraciones del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, sobre la futura reforma energética, Soria apuntó que lo que Nadal dijo "literalmente" fue que se está trabajando en la reforma de algunos aspectos del sistema eléctrico que afectan tanto al régimen ordinario como al especial. Por su parte, Facua-Consumidores en Acción consideró "positiva" la noticia del abaratamiento de la electricidad en los mercados, pero se mostró cautelosa con la promesa del Ejecutivo de no tocar la parte regulada. Pese a la bajada "coyuntural" de hoy, la asociación sigue rechazando el sistema de subastas eléctricas y el actual diseño del sistema eléctrico, que se remonta "a los tiempos de (José María) Aznar" y en el que "la mayor parte de lo que paga el consumidor eléctrico depende de lo que fijan las eléctricas en los mercados de generación". Por su parte, el director de regulación y asuntos económicos de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Alberto Bañón, explicó en Santander que los precios del mercado son "anormalmente bajos" y se mostró contrario a la intención de Soria de no influir en la parte regulada. "Esto no es bueno, porque los precios deben adecuarse al coste de su producción", añadió. También lamentó que la industria eléctrica sean las que estén pagando las "iras de los consumidores" y asegura que "la energía para los consumidores no es más cara en España que en el resto de Europa". Según Bañón, de la cantidad que tienen que pagar los usuarios, un 20,1 por ciento son impuestos, un 12,8 corresponde a la distribución, un 3,7 al transporte, un 22 al apoyo al régimen especial y un 35 a la energía. Según una encuesta de Eurostat, España en el noveno país de la zona euro con la tarifa más cara. El Gobierno tiene en marcha un conjunto de medidas para reducir el déficit de tarifa, que ya acumula 29.000 millones sin subir la tarifa eléctrica como venía haciendo en los últimos años. El problema fundamental es que la tarifa aglutina costes que no tienen nada que ver con la generación y distribución eléctrica, como son las primas a las renovables, las ayudas al carbón o la compensación por el coste de generar en las islas. Esta coyuntura se ha agravado en los últimos años por la entrada masiva de las energías a las renovables, cuyas primas a las renovables superarán este año los 9.000 millones. El Ejecutivo intenta limitar los incentivos al sector, ya que de todos los costes del sector eléctrico, la mitad son primas que reciben la cogeneración, los ciclos de gas y sobre todo las renovables. Por ello, a principios del pasado año se aprobó una moratoria verde y más tarde recortes a la retribución a la distribución y una reforma energética con diversas tasas a todas las tecnologías.