La AHE pide "coraje" al Gobierno para ofrecer políticas y alquileres sociales a hogares desahuciadosLa banca siente que la solución al problema de los desahucios está desenfocada al querer arreglar el drama de las familias más vulnerables con cambios en el mercado hipotecario susceptibles de encarecer el crédito para todos y constreñirlo si se adoptan soluciones como la dación en pago. El presidente de la Asociación Hipotecaria (AHE), Santos González, validó ayer que la banca colabore en ayudar a las familias vulnerables al límite, con el fondo social de viviendas o la paralización de los desalojos, pero reivindicó que el problema es social y debe arbitrarse con medidas del mismo tipo -"las familias no pagan porque han perdido su empleo y la solución es crear empleo", reivindicó-. En segundo término urgió la adopción de una ley de "segundas oportunidades" o insolvencia para individuos y familias, al estilo de la ley concursal que facilita a las empresas reestructurar su deuda, pudiendo evitar tener que liquidarse. Dejar la deuda atrás "Tenemos un déficit y ese camino lo deberíamos recorrer a corto plazo", reclamó González. Con una ley de "segundas oportunidades", de frecuente implantación en países europeos, el ciudadano que no pueda encarar la hipoteca se acoge a un plan de pagos para afrontar el sobreendeudamiento con desembolsos parciales, renegocia la deuda o acuerda quitas. Al entrar en esta vía intervendría un mediador para hacer de interloculor con los bancos y tomar las riendas de la solución. Se haría cargo de la situación financiera de la familia, intervendría los recursos y diseñaría un plan de pagos. Si no se cumple, se procede a la liquidación del patrimonio. En todo caso, ayuda al ciudadano a pasar página de la deuda. En Francia el rol del mediador lo asume el mismo banco central. "Es bueno y deseable recorrer ese camino. Pero la segunda oportunidad no se regala. Hay que ganarla", alertó. El presidente de la AHE apuntó que el sistema a largo plazo no debe ser como el arbitrado en España para socorrer de emergencia a las familias, donde el que no puede pagar su piso se queda viviendo en él con un alquiler social. En otros países, refirió, la situación financiera familiar queda registrada en unos archivos entre cinco y ocho años. Los ficheros de créditos impagados desalientan la concesión de nuevos préstamos. Una normativa así facilitaría la rehabilitación económica del deudor persona física. Distinto es dar alojamiento para familias que han perdido la vivienda con la crisis. El presidente de la AHE lamentó que los únicos alquileres sociales para personas que pierden su vivienda son los 6.000 pisos cedidos por la banca, inicialmente por un plazo de tres años, según estipula la ley de moratoria hipotecaria. Insistió en que la gente pierde la casa porque ha devorado sus ahorros tras perder el empleo y demandó "coraje" político y "dinero" para encarar una situación que, a su juicio, debería abordarse con medidas sociales como problema social que es. Abogó por impulsar una política social de viviviendas y que España se ponga al nivel de otros muchos países europeos con capacidad de ofrecer alquileres a bajas rentas. "Para tener una vivienda en alquieler es necesario que hagamos un pacto del suelo", refirió, y admitió que eso precisa también tiempo. La AHE rechaza de forma "rotunda" la dación retroactiva propuesta por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y que se debatirá en el Congreso. González alertó de que "perjudicaría a la credibilidad de España como país y a la viabilidad del sistema financiero", encarecería el crédito e impediría su acceso a los jóvenes porque la banca exigirá tener ahorrado parte del precio del piso, ya que dar un crédito será asumir el riesgo de que el cliente lo entregue si no puede pagarlo.