La Comisión Europea denuncia al Gobierno francés por no acatar una decisión de 2004bruselas. Tras dos años de pulso, la Comisión Europea, el Gobierno francés y France Télécom se preparan para resolver sus diferencias donde lo hacen las personas civilizadas: ante la justicia. El ejecutivo comunitario anunció ayer su decisión de denunciar a París ante el Tribunal de la UE por no haber recuperado las ayudas públicas presuntamente ilegales con las que favoreció a su antiguo monopolio de telecomunicaciones entre 1994 y 2002.Bruselas concluyó en agosto de 2004 que France Télécom se había beneficiado de una rebaja fiscal ilegal "cuyo montante indicativo se sitúa entre 798 millones de euros y 1.140 millones de euros". Ese mismo día, la Comisión exigió al Estado francés que recuperara estas ayudas públicas, y que reclamara a France Télécom el pago de los impuestos que le habían sido perdonados. El objetivo de la Comisión era que todos los operadores que prestan sus servicios y compiten en el mercado galo de las telecos fueran tratados de la misma manera, y ninguno fuera discriminado ni favorecido por el intervencionismo de los poderes públicos.Francia recurrió la decisión de Bruselas ante el Tribunal de la UE, y el caso está todavía a la espera de que los jueces aclaren si la rebaja fiscal es o no un trato de favor contrario a la libre competencia.Pero Bruselas asegura que la apelación de París carece de efectos suspensivos, y que France Télécom debe devolver las ayudas sin demora. Es más, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, bajo la titularidad de la comisaria holandesa Neelie Kroes, asegura que París no sólo no ha intentado recuperar los impuestos impagados. "Transcurridos dos años desde la decisión, Francia todavía no ha adoptado ninguna medida concreta para recuperar la ayuda", asegura Bruselas. Además, tampoco ha colaborado con Bruselas para cerrar la investigación.De hecho, Bruselas adoptó su decisión de 2004 sin tener información suficiente para precisar la cantidad a la que se elevaban las ayudas cuya devolución exige. Y estableció que el montante exacto debería ser definido entre sus expertos y los de París. Pero los representantes galos, según indican los expertos de Bruselas, tiran balones fuera y aseguran que es muy complicado calcular la cifra final.