Estaría implicado junto al liquidador de Marsans en varios delitos fiscalesLa Policía inició ayer una nueva operación policial contra la empresa constructora Teconsa, investigada ya en el marco del caso Gürtel. Se trata de una compañía adquirida por Ángel de Cabo, el empresario valenciano detenido junto al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tras la liquidación del grupo Marsans. En el marco de la denominada Operación Troya, desplegada en colaboración con la Agencia Tributaria, ha sido detenido un hijo de José María Cuevas, presidente de la CEOE entre 1984 y 2007. En total, hay más de 15 detenidos, a los que se les acusa de haber cometido presuntamente blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan además que podría haber cargos del PP valenciano que habrían colaborado con De Cabo para limpiar la constructora, llevando a cabo un procedimiento similar al que realizó tanto con Marsans como con Nueva Rumasa. De hecho, uno de los ejecutivos del liquidador es Jorge García Téllez, pareja de Cristana Ibañez, gerente del PP en la Comunidad Valenciana. No obstante, y a pesar de la operación en curso, no hay por ahora ningún dato que relacione por ahora a Ibañez con el caso. Lo que la policía sospecha es que, aunque la empresa era propiedad de la familia Martínez Núñez, los populares habrían colaborado en tratar de impedir que salieran a la luz nuevos documentos que les implicaran en el caso. Prueba de la relación de Téllez con el liquidador de Marsans está en una querella presentada por Ángel Olmos, antiguo administrador único de Nuevas Formas y Diseños, contra De Cabo, al que vendió la empresa. Entre los querellados figuran además los dos principales ejecutivos de éste: Losada y el propio Téllez. Teconsa fue investigada ya en el marco del caso Gürtel por la sonorización de la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006. Esta empresa admitió ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que cobró facturas completas a las empresas a las que subcontrató estos trabajos un mes antes de que se llevaran a cabo. Así lo manifestó el directivo de la empresa Rafael Martínez Molinero, que admitió que la compañía cobró en junio de 2006 de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) un total de 7,4 millones de euros por la instalación y desmontaje de equipos de audio y vídeo que fueron llevados a cabo por otras empresas un mes después. Ángel de Cabo adquirió la compañía después de que se declarase en concurso. De Cabo se encuentra en prisión desde el pasado 5 de diciembre. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le impuso una fianza de 50 millones, la más alta de la historia de España, que el experto en liquidaciones no ha podido afrontar hasta ahora.