Moncloa anuncia auditorías a los bienes de los políticos al inicio de su actividadDonde dije digo, digo Diego. El Gobierno ha rectificado, esta vez de forma positiva, el borrador inicial de la Ley de Transparencia, para incluir en ella a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios, que escapaban del control de la normativa en el primer proyecto. Fue la principal novedad que adelantó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros explicó que en materia de corrupción la Ley de Transparencia afectará a tres ámbitos concretos. Primero, al cargo público, al representante político individual", con medidas dirigidas a que "haya un mayor control de los bienes con los que inician su actividad y con los que la acaban", mediante mecanismos de auditoría. Segundo, medidas represivas, entre las que se incluye la reforma del Código Penal para el endurecimiento de las penas, como anunció la propia Sáenz de Santamaría el pasado miércoles en el Congreso. Y tercero, "medidas de carácter colectivo, que pueden afectar a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios". Por parte del Gobierno "se vería con buenos ojos que así se hiciera", aseguró la vicepresidenta después de recordar que "este Gobierno, durante la tramitación parlamentaria de la Ley y con el apoyo de Unión Progreso y Democracia (UPyD) , ya aprobó eliminar el blindaje de que disponían las subvenciones a los partidos políticos - "Serán medidas prácticas, reales, muy concretas y posiblemente efectivas", dijo la número dos del Ejecutivo quien, como un frontón, aguantó todas las preguntas que se le formularon sobre el caso Bárcenas, que prácticamente monopolizó el turno de preguntas en el Palacio de la Moncloa. Aguantó y devolvió sin contestar. "Desde esta mesa no hablo de formaciones políticas", pero eso sí con la misma firmeza, convicción, elegancia y buen talante que había demostrado dos día antes en la Cámara Baja. Sólo en una ocasión se extendió Soraya sobre el caso Bárcenas, y lo hizo para defender al presidente del Gobierno. "Llevo doce años trabajando con Mariano Rajoy, primero en el Gobierno, en la oposición y después en el Gobierno, y y yo lo que he visto en estos doce años ha sido siempre una conducta ejemplar, nunca le he visto saltarse una norma y siempre ha dado ejemplo a los que trabajábamos con él de una vida recta y al servicio público", afirmó, aunque obvió el comentario posterior en la que se le recordaba que también había estado doce años trabajando con Luis Bárcenas y no había tenido conocimiento de las actividades del extesorero. Sí fue contundente al asegurar que el caso Bárcenas no está afectando el trabajo del Gobierno, que "goza de gran estabilidad a nivel parlamentario". Y respecto a los motivos por los que el Ejecutivo no se querella contra Bárcenas, explicó que a partir de 2007 se comenzó a utilizar la Abogacía del Estado para la defensa de posiciones "personales y de partido", algo que ella misma criticó en la oposición. Por eso, ha situado "las acciones judiciales por este caso en el ámbito individual y no en el del Gobierno".