La Generalitat arremete contra la concesión del Área Metropolitana para defender sus competenciasEl negocio del agua se ha convertido en un campo de batalla en Cataluña. La Generalitat se enfrenta a una guerra que se dirimirá en los tribunales para resolver las ajudicaciones de la red de alta capacidad, con Aguas del Ter del Llobregat, y ahora también con la distribución de 23 municipios, incluida Barcelona. Acciona Agua, Aqualia (FCC), Aguas de Valencia y la propia Generalitat de Cataluña han recurrido al Tribunal Superior de Justicia catalán para reclamar que se paralice la creación de una sociedad mixta entre Agbar (85 por ciento) y el Área Metropolitana de Barcelona (15 por ciento), que gestionará el ciclo integral del agua de estos 23 municipios. Según han indicado fuentes consultadas por elEconomista, entre los argumentos que se esgrimen ante los tribunales para pedir la impugnación de esta sociedad figura la falta de concurso por parte de la AMB o la invasión de competencias de la Generalitat. En esta adjudicación, Agbar se hace también con la actividad de depuración de aguas residuales y regeneración que hasta la fecha realizaba la compañía pública Entitat de Medi Ambient (Emssa), un extremo que resulta chocante para las compañías que recurren ya que hasta la fecha Agbar no desarrollaba estas funciones. Aguas de Valencia ha acudido a los tribunales porque se opone al sistema de adjudicación directiva utilizado por la AMB, ya que cree que se obvia al resto de operadores. Aqualia, filial de FCC, reclama que la adjudicación se haya realizado sin un proceso abierto. Agbar mantiene una guerra judicial contra la Generalitat de Cataluña y Acciona por la adjudicación del contrato de Aguas del Ter del Llobregat (ATLL) y ahora la Generalitat y Acciona se oponen tambien a su adjudicación, realizada el mismo día en el que Acciona se hizo con el contrato de ATLL. El Tribunal Superior de Justicia se tiene que pronunciar ahora sobre la medida cautelar planteada por la compañía dirigida por Ángel Simón para que se suspendiera la puesta en marcha de la adjudicación de ATLL a Acciona. Según indicaron fuentes consultadas por este diario, las empresas que recurren la adjudicación a Agbar tambien han solicitado medidas cautelares. El 5 de octubre de 2010 una sentencia determinó la ausencia de contrato entre el Ayuntamiento de Barcelona y Agbar. Tras estos últimos años en el que se ha estado en un presunto vacío legal, el Área Metropolitana de Barcelona y Agbar crean una sociedad con activos valorados en alrededor de 500 millones de euros. Agbar pagará un canon de hasta 20 millones durante los 35 años de adjudicación.