La prórroga de siete días es la última oportunidad para llegar a un acuerdo laboral consensuadoIAG jugará sus cartas la semana que viene para transmitir al Ejecutivo la delicada situaciónQuedan siete días clave para el futuro de IAG. La prórroga de una semana que concedió el consejo de administración del pasado jueves es la última oportunidad para llegar a un pacto consensuado por ambas partes. Si no se consigue un duro ajuste laboral que garantice unos ahorros de costes de 350 millones de euros, Willie Walsh tomará las riendas de las negociaciones. Según explican fuentes conocedoras del proceso a elEconomista, en el caso de que el próximo 1 de febrero el consejo extraordinario finalice sin un plan de transformación que garantice la viabilidad de Iberia (hasta ahora las negociaciones con los sindicatos de la aerolínea sólo han logrado unos ahorros de costes que no superan los 200 millones de euros), el consejero delegado de IAG comenzará a jugar sus cartas para transmitir al Ejecutivo la situación y la versión del holding aéreo, que dista mucho de la que los sindicatos han descrito al Gobierno. Hasta el momento, IAG no ha realizado ningún acercamiento al Gobierno español en deferencia a Iberia, que ha llevado la iniciativa de las negociaciones encabezada por Rafael Sánchez-Lozano, consejero delegado de la aerolínea española. Esta situación cambiaría en breve si el acuerdo sigue bloqueado. Y el holding tiene varios frentes a los que acudir. Aunque los Ministerios de Fomento e Industria han sido los más pro activos tras el anuncio de Iberia de su plan de transformación -que, en un principio, afecta a 4.500 empleados-, Economía, Trabajo y la propia Moncloa son protagonistas clave en este proceso y el equipo de Willie Walsh quiere detallarles su versión del proceso y las consecuencias de no conseguir este duro ajuste. El consejo, perplejo Las mismas fuentes añaden que buena parte del consejo de administración de IAG -lógicamente los consejeros que no representan a los intereses españoles- se ha quedado bastante perpleja por algunas actitudes del Gobierno español, como es el caso de la reunión que la ministra de Fomento, Ana Pastor, tuvo con varios miembros del órgano ejecutivo. En la cultura anglosajona no se concibe que en una empresa privada (IAG lo es, a excepción del 12,1 por ciento que controla Bankia) se inmiscuyan los poderes públicos en sus decisiones. No hay que olvidar que en el consejo de administración del holding aéreo nacido de la fusión de Iberia y British Airways existen profesionales totalmente ajenos a estos intereses y que sólo se preocupan por el interés de los accionistas, que en todo momento buscan la rentabilidad de IAG para lograr la mayor retribución posible todos los años. El bloqueo del plan de saneamiento de Iberia, que se lanzó por las preocupantes pérdidas de la compañía, les tiene totalmente desorientados. Desde el consejo de administración de IAG tampoco se entiende la actitud actual, porque tanto este órgano como el que representa los intereses de Iberia votaron por unanimidad este duro de ajuste de la plantilla de la aerolínea con sede en Barajas. Aunque ahora votaran en contra, los consejeros españoles nunca podrían alcanzar la mayoría necesaria para bloquear el proceso, aunque sí crearían un cisma -que podría ser insalvable- en el órgano de decisión y que podría ser el germen para una hipotética ruptura de la fusión entre British e Iberia. Si ocurriera, también habría que seguir muy de cerca el papel de Antonio Vázquez en todo este proceso. El actual presidente de Iberia ostenta el mismo cargo en IAG y en una votación de estas características podría darse la posibilidad de que se mantuviera al margen por conflicto de intereses entre ambas sociedades. Entre otras personalidades de reconocido prestigio, el consejo de administración está formado por James Laurence, consejero delegado de Rothschild North America, o Patrick Cescau, que ha sido consejero delegado y presidente del grupo Unilever en el pasado. El alcance de un pacto entre Sánchez-Lozano y los sindicatos es vital para que los trabajadores de Iberia que tengan que salir de la compañía lo hagan en unas condiciones aceptables. La intención del consejero delegado es aplicar a la mayoría de los 4.500 despidos (3.500 según el último plan) un ERE que ofrecería unas indemnizaciones menores que las que se daban en el firmado en el año 2001 (que todavía están vigentes), pero mucho mayores de las que hoy permite la ley. Si no se llega a un acuerdo, IAG podría aplicar, aprovechando la legislación española, un duro recorte en el que los empleados sólo recibirían 20 días de indemnización por año trabajado con un pago máximo de doce meses. El holding no quiere llegar a esta situación límite para no enfrentarse al Gobierno español, pero si el ajuste no se produce las mismas fuentes consultadas por este periódico aseguran que Willie Walsh, que tiene fama de duro negociador, no dudará en aplicarlo.