De Guindos prevé liberalizar el sector porque Bruselas aconsejó revisar el modelo"Generar más competencia y mejorar la competitividad de nuestra economía". Ésta es la premisa de un borrador del Ministerio de Economía del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que persigue, entre otras medidas, la liberalización de las farmacias para suprimir la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las boticas al farmacéutico. El resultado será la vía libre a las grandes superficies para entrar en él y para crear cadenas de boticas. El texto, al que tuvo acceso elEconomista, pretende también liberalizar otras profesiones consideradas "altamente reguladas" como la de ingeniero, arquitecto y profesiones jurídicas. Pero en el caso de las farmacias supone mover los cimientos de un modelo vigente en España durante décadas, pero que es visto por las grandes superficies como un sector jugoso, debido a que se trata de un mercado cautivo (los medicamentos sólo pueden dispensarse en farmacias). Se trata un borrador que busca un cambio en el sistema de apertura de las boticas, tal y como ya recomendó en su día la Comisión Europea para reducir los problemas macroeconómicos de España y la crisis de deuda. Economía, si bien pretende suprimir la reserva exclusiva de la propiedad, también mantiene que la dirección de la farmacia sí sea exclusiva para el farmacéutico, "garantizando así en todo caso la protección de la salud pública y la correcta dispensación de los medicamentos". Precisamente para mantener esta profesionalidad, el anteproyecto prevé que se mantenga la colegiación obligatoria para el acceso a la profesión, pero suprime la reserva exclusiva de la producción y conservación de medicamentos a los farmacéuticos. Esta medida "favorecería a profesiones como químicos o biólogos", añade el texto. En su momento, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aparcó esta liberalización y ahora se retoma para acabar con una regulación que es "excesiva y obsoleta". Estos cambios permitirían la creación de grandes cadenas de farmacias bajo el control de empresas ajenas, como ya ocurre en Holanda o Reino Unido. En el lado opuesto se encuentra Sanidad, porque la ministra del ramo, Ana Mato, ha mostrado en diferentes foros su apoyo al modelo boticario actual, basado en su mayoría en pequeñas empresas. Por otro lado, el sector farmacéutico está en un momento convulso por la entrada en vigor de la tasa del euro por receta que ha aprobado la Comunidad de Madrid, una medida que ya se aplica en Cataluña pero que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional y que también prevé hacerlo con la tasa de la capital. La Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública ha presentado numerosos escritos en el Ministerio de Sanidad, en los que solicita que se paralice la aplicación de este recargo. Según la asociación, la Comunidad de Madrid no tiene competencias para poder establecer una tasa sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con la Constitución Española y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.