La farmacia se ha convertido en una profesión de riesgo por los impagos que arrastra cercanos a los 1.000 millones de euros en recetas en lo que va de año. La presidenta del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Carmen Peña, denuncia que se "está poniendo en peligro la supervivencia de la farmacia" y reclama "prioridad en los pagos para preservar lo fundamental". Por primera vez, este sector ha protagonizado un cierre patronal en Cataluña y cada día son más frecuentes las movilizaciones de unos farmacéuticos que se sienten "asfixiados" y que han marcado el XVIII Congreso Nacional Farmacéutico celebrado en Santander. Nunca antes la farmacia había salido a protestar a la calle, ¿tan alarmante es la situación? Todas las farmacias se han empobrecido, pero los impagos están poniendo en peligro la propia supervivencia de la farmacia, sobre todo de un tercio de oficinas que, por estar situadas en barrios marginales o zonas rurales, tienen una economía más débil. Las consejerías de Economía no se dan cuenta de que cuando no pagan a la farmacia, dejan de pagar los medicamentos prescritos por los médicos del sistema a la población, ese es el drama que se está convirtiendo ya en un problema de Estado. ¿Necesita la farmacia un rescate del Gobierno? No, las farmacias necesitan que nuestros gestores públicos les vean como parte del sistema y como un servicio público fundamental que se preserve de cualquier proceso de adelgazamiento. La farmacia ya ha hecho los deberes. Ahora lo que hay que ver es qué ocurre con el resto del gasto público, porque lo que no puede ser es ahogar a la farmacia, a la sanidad y que el sistema siga sin funcionar en el resto de partidas de gasto. ¿En qué soluciones están trabajando para resolver los impagos? Tenemos un grupo de trabajo de expertos que apoya a los colegios y consejos para buscar soluciones cuando detecta que puede haber un problema de impagos. Procesos como el Fondo de Liquidez Autonómico no han aparecido por casualidad, sino que a través de nuestro trabajo, presentando la situación de la farmacia a la ministra de Sanidad, el de Hacienda, el de Economía y al propio presidente del Gobierno, se han dado cuenta de que la farmacia es una partida eficiente y que hay muchas otras por adelgazar, que no sean nóminas ni medicamento, y que hay que controlarlas de abajo arriba, y eso una labor muy importante de las comunidades. ¿Cree que las comunidades que no pagan las recetas están jugando con la salud de los ciudadanos? No podemos hacer demagogia, somos profesionales de la salud y con la salud no se juega y con el miedo del ciudadano tampoco. Nunca la farmacia utilizará al paciente como escudo humano para reivindicar nada. Lo que ha ido ocurriendo han sido manifestaciones a nuestras Administraciones para que hagan las cosas de otra forma, pero en ningún momento se ha perjudicado ni utilizado al paciente, eso es sagrado. Los dos millones de ciudadanos que entran en la farmacia cada día generan un vínculo tan profundo con el farmacéutico que impide hacer nada que ponga en peligro la medicación. Otra cosa es que si te ahogan económicamente te impiden comprar nuevos medicamentos para seguir haciendo una dispensación a los ciudadanos. ¿Tiene la sensación de que la farmacia está cumpliendo su papel pero la Administración no? No podemos generalizar. Dentro de la Administración hay gente que entiende el gran activo que está siendo la farmacia para el sistema, porque está ayudando a buscar soluciones sin dañar al ciudadano. El Sistema Nacional de Salud necesita la red de farmacias para asegurar que el medicamento prescrito llegue al paciente. Y esa cadena es tan fuerte que está resistiendo los envites de este gran tsunami. La farmacia traía los deberes hechos y se está notando que, a pesar de los problemas, está cumpliendo. Demandamos que nos vean como parte de la solución y no del problema y como parte imprescindible del sistema. ¿Por qué cree que los ahorros generados en el gasto en fármacos no han servido para pagar las recetas? En efecto, la farmacia ha hecho unas aportaciones brutales en su margen y precio del medicamento, pero no han redundado en la sostenibilidad y certidumbre de la cadena. Esta es una de nuestras reclamaciones. Parte de lo que la farmacia aporta tenía que revertir para dar sostenibilidad y certidumbre a la cadena. ¿Estaríamos hablando de impagos con una financiación finalista de la sanidad? Las comunidades tienen su propia autonomía para decidir cómo gestionan sus fondos. Lo que decimos es que la farmacia es parte del servicio esencial que es la sanidad y ese servicio debe preservarse para no poner en peligro el acceso de la población al medicamentos. No nos entrometemos en la responsabilidad política de las comunidades en cuanto a la gestión de sus ingresos y sus gastos, les pedimos que no pongan la farmacia en peligro por malas actuaciones. Todos los documentos que se están haciendo a través de Hacienda están identificando las partidas de la parte pública que son imprescindibles para que nadie pueda desviarse y que se identifique lo que es imprescindible de lo que no. Cuando no hay dinero y se vienen abajo los ingresos públicos, hay que preservar lo fundamental y parte de ello es la sanidad y la farmacia.