La devaluación de sus activos inmobiliarios hace más insoportable el pasivoLa compañía Reyal Urbis solicitó ayer el preconcurso voluntario de acreedores en una maniobra que el sector achaca a un intento calculado por ganar tiempo y salvar la coyuntura, que empeora por momentos dada la paulatina devaluación de sus activos inmobiliarios. De hecho, si no hubiera pedido la antigua suspensión de pagos, por la que ahora dispone de cuatro meses para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, la empresa que dirige Rafael Santamaría podría haber entrado en causa de disolución. Así lo contempla el artículo 363 de la ley de sociedades de capital, donde se recoge que si la diferencia entre el valor de los activos y de los pasivos de una empresa es superior a la mitad del capital social, ésta está obligada a disolverse. Y Reyal Urbis cumple con creces este requisito. A junio de 2012 la inmobiliaria disponía de un patrimonio neto negativo "para el cómputo de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital" de 33,5 millones de euros por un capital social positivo de 2,9 millones. La deuda de Reyal Urbis en el primer semestre del año sumaba poco más de 3.800 millones de euros con las entidades financieras (Santander, BBVA, Bankia y Banco Sabadell principalmente). Para ese periodo, la cifra de negocio de la empresa descendió un 7,4 por ciento hasta los 51 millones, arrojando además una pérdida neta de 211 millones de euros. Pero si la inmobiliaria ha pedido el concurso de acreedores para evitar la causa de disolución, pese a que existe una moratoria temporal del Gobierno frente a esta disposición, es porque las negociaciones con las entidades financieras para buscar una solución a su deuda se habían estancado. Y aquí juegan un papel capital dos factores comunes a todo el sector: que las grandes entidades financieras ya han provisionado los créditos a las inmobiliarias, por lo que plantarse ahora no les supone un shock insalvable (además de no estar interesadas en más activos que también se han de provisionar), y que las cajas o las entidades más precarias ya piensan en traspasar sus activos inmobiliarios al futuro banco malo, cuya constitución se aventura para finales de este año. Una realidad que también afectará a Reyal Urbis en su carrera contra el tiempo por negociar un nuevo acuerdo en los próximos meses. 'Banco malo' Dado que esta institución se quedará con los activos tóxicos de los bancos y cajas, muchas de estas entidades no están atendiendo a los vencimientos de las empresas del sector inmobiliario pues en unos meses estos créditos pasarán a estar gestionados por el banco malo. Por otro lado, la compañía se ha acogido al paraguas de la Ley Concursal coincidiendo con el inicio de la comercialización y la puesta en explotación de uno de sus grandes proyectos, el complejo comercial y de oficinas Castellana 200, situado al norte del Paseo de la Castellana en Madrid. De este último proyecto, precisamente, la empresa cedió un 51 por ciento del capital de la filial que lo desarrolla a los bancos acreedores. Fue en 2010, con motivo del último acuerdo de refinanciación alcanzado por Reyal Urbis y sus acreedores. En este mismo pacto, la empresa se comprometía a abandonar sus actividades de promoción residencial, un mercado en caída libre tras la explosión de la archifamosa burbuja inmobiliaria.