Pego informa ante el juez que el supervisor y el consejo de la caja conocían su pensiónEl exdirector general de Novacaixagalicia, José Luis Pego, defendió ayer la legalidad del dinero cobrado por su prejubilación. Comparecía ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que aseguró que tanto el Banco de España como el consejo de administración de la caja disponían de la documentación sobre su prejubilación, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. El caso arranca con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que acusa a Pego y otros cuatro exdirectivos de mejorar sus contratos apenas dos meses antes de que se fusionase Caixagalicia y Caixanova para garantizarse un cobro superior a su salida de la entidad. El Ministerio Fiscal exige a los imputados devolver 7,87 millones de euros de los 18,9 millones de euros percibidos supuestamente de forma indebida tras cambiar los contratos. Los imputados son Pego, al que reclama 1,44 millones, Gregorio Gorriarán, Francisco Javier García de Paredes y Óscar Rodríguez Estrada. Al excopresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, que declarará el próximo lunes, le culpa como colaborador por conocer y respaldar el cambio contractual. El juez impuso ayer a Pego comparecencias quincenales en el juzgado, como días atrás obligó al exdirectivo Gregorio Gorriarán.El magistrado admite así de forma parcial las cautelares solicitadas por Anticorrupción, que también pedía la retirada del pasaporte. Durante su declaración, Pego ha expuesto que el Banco de España pidió que se cuantificaran y provisionaran las modificaciones del contrato. Sin embargo, el supervisor no puso objeciones ni abrió ningún expediente sobre este asunto. Irá al juzgado cada 15 días El exnúmero dos de Caixanova defendió que dicha entidad siempre fue solvente, dejando entrever que los problemas financieros procedían de Caixagalicia. La versión está en línea con la declaración del también exdirectivo Óscar Rodríguez, que expicó al juez que Caixagalicia registraba peores resultados antes de ser intervenida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en 2011 con una inyección de 2.465 millones de euros. Pego rebatió también la versión de Anticorrupción de que los cambios contractuales se realizaron sin conocimiento del consejo. El ex director general aseguró que el consejo de administración tenía a su disposición la documentación del contrato, en el que aparecía la forma de calcular las gratificaciones por los servicios prestados, que no eran conceptos variables ni estaban vinculadas a los resultados de la entidad. Indicó que su contrato se firmó en colaboración con el expresidente Julio Fernández Gayoso y que los nuevos contratos se efectuaron tras la fusión de las cajas para unificarlos y clarificarlos conforme a los cargos que asumían en la entidad fusionada.