El secretario de Hacienda coge las riendas de la tramitación de la reformaEl enfado en el sector energético con la reforma elaborada entre los ministerios de Industria y Hacienda es mayúsculo. Tal es así que un total de quince patronales industriales se han decidido a crear un frente común contra la nuevas tasas a la generación eléctrica y que aboca a muchas industrias al cierre. En concreto, el sector de la cogeneración, papel, cerámica, alimentación y de la siderurgia, entre otros, preparan una serie de iniciativas para intentar que los ajustes sean modificados durante el debate parlamentario. Además, lamentan el desconocimiento del Gobierno en toda la elaboración de la reforma porque las medidas derivarán en un incremento notable del recibo de la luz y del gas que en el caso de la industria será letal. El sector industrial generalizado ha sido el más golpeado con las medidas. Además, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha tomado las riendas de la nuevas medidas fiscales que entrarán en vigor el próximo año, mientras que el ministro de Industria, José Manuel Soria, se está centrando únicamente en el problema para la gran industria (Alcoa, Asturiana de Zinc y Arcelor) para que mantengan unos precios competitivos como hasta ahora. El problema es que desde varios sectores energéticos se ve cómo el Gobierno puede incurrir de nuevo en una discriminación si, tal como parece, hará una excepción con la industria pesada. En concreto, el Gobierno trabaja para que estas grandes industrias mantengan unos precios competitivos, mientras que las eléctricas defienden que la energía tiene un precio y que en el caso de la generación eléctrica el suministro a gran escala no representa un ahorro de costes. En principio parece que la negociación actual con la gran industria se encamina hacia la reedición de los contratos actuales que mantienen los grandes consumidores y las compañías eléctricas. El quid de la cuestión es la duración de los mencionados contratos. La gran industria pide un precio predecible y a largo plazo para poder planificar sus producciones, mientras que las eléctricas consideran que las cotizaciones internacionales no permiten ofrecer contratos por un periodo largo de tiempo, sino que deben ser revisados. El Gobierno está dispuesto así a intermediar entre las dos partes para ofrecer contratos bilaterales como se ha hecho desde el fin de la tarifa bonificada (G4). Precisamente, las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre este asunto comenzaron hace ya seis meses. Soria quiere llegar a un acuerdo en este sentido cuanto antes porque los contratos actuales caducan el 31 de diciembre. En un principio, se pensaba llegar a una solución durante el verano, pero la reforma energética ha cerrado a las eléctricas en banda de cara a ofrecer algún tipo de bonificación cuando han sido duramente golpeadas por las tasas. A esto se suma la presión ejercida por la industria mediana. Desde Acogen, la patronal de la cogeración y que representa un 12 por ciento de la demanda nacional, remitieron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para transmitirle que los nuevos gravámenes ponen en jaque a esta actividad, que debe ser un vector de crecimiento para salir de la crisis.