El cierre de las vías supondría al Estado un 'agujero' de 3.500 millones de eurosEl Estado ni quiere ni puede jugar con el dinero de los ciudadanos. La página 405 (de un total de 525 ) de la disposición final del articulado de ley de los Presupuestos Generales del Estado demuestra que, como desde el Ministerio de Fomento se ha repetido por activa y por pasiva, no se da ni un euro que no tenga retorno para la sociedad. Tampoco para las autopistas, que han recibido la noticia como un jarro de agua fría al conocer que el rescate del Gobierno para tapar baches era sólo "un pago a cuenta" que hay que devolver. Nada de regalos. El agujero de las concesionarias de las autovías de pago puede costar al Estado más de 3.500 millones. Y la ministra de Fomento, Ana Pastor, lo sabe. De ahí cinco escasas líneas que sirven al Gobierno para blindarse en caso de quiebra: "Las consignaciones estarán condicionadas a que la sociedad concesionaria preste su conformidad a que las cantidades abonadas se consideren pagos a cuenta a descontar del importe que en concepto de responsabilidad patrimonial pudiera serle exigido a la Administración con ocasión de la resolución del contrato concesional". Así, según el proyecto de ley, las ayudas dadas en la cuenta de compensación para amortiguar la caída de tráficos se descontará de la responsabilidad del Estado si quiebran las concesionarias. Es decir, al valor patrimonial de la concesionaria habría que restarle el adelanto recibido por este concepto. En el sector están que "trinan", aunque a puerta cerrada reconocen que "es justo, porque es dinero de los españoles y no va a pagar otra vez por ese adelanto que ya les ha dado", explica un empresario del sector. "Es un préstamo de ayuda, pero si cierran o si revierte de nuevo la propiedad al Estado, es lógico que se descuente el pago que se les ha hecho y no vaya a pérdidas". La nueva disposición afectará a otras tres sociedades concesionarias más, que pasan desde el 1 de enero de 2013 a estar reguladas por un artículo en la Ley Postal. Se trata de la autopista de peaje Alicante-Cartagena; la vía Santiago de Compostela-Ourense y la concesionaria León-Astorga. El hecho de estar reguladas por la Ley Postal es un hecho fortuito. El Gobierno olvidó en 2010 incluir el capítulo concesional en los Presupuesto Generales de 2011, lo que obligó a incluirlo en último momento en la Ley Postal. Una de cal y otra de arena Esto justifica la modificación actual de la Ley Postal, que como reconoce este empresario, da una de cal y otra de arena a las sociedades que gestionan las autopistas: la de cal, es que las cuentas de compensación se amplían hasta 2021; la de arena, el dinero no es gratis y este préstamo se descontará de la responsabilidad del Estado. Según la modificación de la ley, "durante un periodo de tres años, la sociedad concesionaria consignará anualmente, en la cuenta de compensación, la diferencia entre los ingresos de peaje que se hubieran producido de haberse alcanzado el 80 por 100 de los ingresos previstos en el plan económico financiero presentado en la oferta de licitación por dicha sociedad y los ingresos de peaje reales. "El saldo de la cuenta de compensación devengará intereses a partir del 1 de enero de 2014, excepto e las tres nuevas concesionarias, en las que será a partir del 1 de enero de 2016". La crisis por la falta de tráficos y el sobrecoste de las expropiaciones ha cobrado su particular peaje a las vías de pago, para las que los Presupuestos prevén una partida de 200 millones. La Radial 4 que une Madrid-Ocaña y la Madrid-Toledo han solicitado el concurso de acreedores. Otras, como la Radial-3 y la Radial 5 están en preconcurso.