La oferta de alojamientos irregulares supera los 15.000 y obliga al cierre de 40 casas rurales al mes La crisis económica, el incremento de la oferta de alojamientos turísticos no regulados y la falta de diálogo del Gobierno con asociaciones de profesionales agrava la situación del sector del turismo rural en España obligando al cierre de 3.000 establecimientos en los dos últimos años, lo que se traduce en una pérdida de aproximadamente 5.000 empleos. Los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a la ocupación en alojamientos de turismo rural en el mes de julio de este año resultan más que desesperanzadores, con un descenso interanual del 7,5 por ciento en pernoctaciones y un 10,4 por ciento en cuanto a la ocupación de plazas, todo ello a pesar del incremento de las estancias por parte del turismo de no residentes, un 18,3 por ciento mayor que en el mismo periodo del año anterior. Alojamientos ilegales En este descenso no sólo han intervenido factores macroeconómicos como la situación de crisis y la falta de medidas de apoyo por parte del Gobierno, sino fundamentalmente la proliferación de "alojamientos ilegales" que, como describe César García Arnal, secretario de Política Sectorial de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), "están soportadas por webs empresariales que carecen de control y permiten la entrada de ofertas de alojamientos particulares sin catalogación ni garantías y a precios, contra los que los propietarios de alojamientos rurales les imposible competir". Las previsiones para el futuro tampoco son muy halagüeñas ya que aunque el Gobierno aprobó en julio la línea de crédito Emprendetur Empresas 2012, incluida dentro de la línea ICO Inversión 2012 para el sector turístico, que destina 266 millones de euros a la financiación de inversiones realizadas por empresas turísticas, esta medida "no deja de ser un préstamo y el grueso de propietarios de alojamientos de turismo rural no tienen capacidad de endeudamiento para soportarlo" en palabras de García Arnal. Además no se debe olvidar que los scorings para la concesión de los préstamos ICO dependen directamente de las entidades financieras, que precisamente no facilitan el acceso a las mismas. Un plan sin presupuesto El pasado mes de junio el Gobierno aprobó el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) que contempla una serie de medidas que se prevé mejoraran la competitividad del sector turístico recuperándolo como motor de impulso económico del país". Entre las medidas que se recogen se encuentra la "homogeneización de la clasificación y categorización de establecimientos hoteleros, rurales y campings", que obligará a definir una simbología e identificación homogénea para los establecimientos de turismo rural que pueda ser adoptado por las autonomías, quienes, por el momento, son favorables a la misma. La aplicación de esta medida supondrá una herramienta de lucha y control contra los alojamientos sumergidos ya que la categorización será un símbolo de garantía de cara al turista que ocupará más en legal y limitará la oferta pública de particulares en portales especializados. No ocurre lo mismo con el resto de medidas del Plan, como la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el programa Fidelización España, la concesión de líneas de crédito sin garantías, la promoción y puesta en valor del patrimonio cultural, natural y enogastronómico, entre otras, para las que no sólo no hay fecha prevista de aplicación, sino que tampoco hay presupuesto concreto aprobado. Una vez más no hay nada tangible, no hay medidas concretas y estamos ante un Plan Nacional postergado y sin estrategia.