El Ejecutivo forzará a salir al mercado a cerca de seis millones de clientesEl Ministerio de Industria va perfilando la segunda parte de la reforma energética y una de las cuestiones que aprobará, según su titular, José Manuel Soria, es avanzar en la liberalización del mercado eléctrico y, para ello, estudia obligar a cinco millones de clientes eléctricos a salir de la Tarifa regulada de Último Recurso (TUR). Soria anunció que bajará la potencia con la que los consumidores tienen derecho a acogerse a la tarifa protegida por el Gobierno y que actualmente se sitúa en los 10 kilovatios. En concreto, el Ministerio estudia en qué nivel dejar los contratos que puedan tener derecho a la tarifa protegida si en los 5 Kw o en los 3 kw, que el Gobierno ha vigilado tradicionalmente para que no subiera en exceso por su fuerte impacto en el IPC y porque se trata de un coste con un gran componente social y de competitividad. Si finalmente el Gobierno adopta esta medida, y deja el acceso a la tarifa protegida en los 5 Kw, significará una liberalización de un 25,2 por ciento del mercado actual. Esto supone un guiño a las eléctricas, que durante años han pedido que se avance en la liberalización de las tarifas con el objetivo de reducir la dependencia política en la fijación de los precios. Control político Precisamente, este control político del sector ha provocado tarifas irreales que no recogen los costes reales de la generación. En consecuencia se ha provocado un déficit en el sector que ya asciende a 24.000 millones y que el Gobierno intenta ahora corregir. El anterior Ejecutivo avanzó en la liberalización del mercado con el fin de las tarifas para contratos de más de 10 kilovatios, con lo que la mediana empresa y gran industria han tenido que acudir al mercado libre en busca de ofertas por parte de las comercializadoras. Al bajar la potencia protegida a los 5 kilovatios, serán ahora sobre todo microempresas y algunos consumidores domésticos quienes queden al amparo de las eléctricas y de sus tarifas actuales. Si finalmente se produce este cambio, sólo el 43 por ciento del mercado estará regulado frente al 68,24 por ciento actual. El ministro de Industria no concretó el futuro del llamado bono social, pero explicó que los clientes que estén por debajo de la potencia de 3 kw seguirán protegidos. El Gobierno, por imposición de Bruselas, está obligado a regular los términos de pobreza energética y a dar una protección a los consumidores más débiles. El bono social finaliza este año y Bruselas, por ejemplo, ya impuso a Portugal en su intervención la liberalización del mercado, así como crear la figura del consumidor vulnerable.