El banco recurrirá un auto que imputa a otros ocho antiguos directivos del grupo MADRID. Revés judicial para Emilio Botín. El juzgado número 3 de Santander ha decretado la apertura del juicio oral contra el banquero y otros ocho directivos del grupo por un presunto delito fiscal y de apropiación indebida en la entrega hace ocho años de acciones de Banesto a sus administradores. El caso se remonta a 1994, cuando el Santander aprobó repartir 6,47 millones de títulos de Banesto (equivalente al 1 por ciento del capital) entre 13 de sus directivos si llevaban a buen término el Plan de Viabilidad de la entidad intervenida en 1993 por el Banco de España.Cinco años después, el ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (Adic), llevaron el caso a los tribunales por no tributar en 1994. Su denuncia: el banco defraudó a la Hacienda Pública 1.645,07 millones de pesetas (9,88 millones de euros), al no practicar las correspondientes retenciones fiscales cuando les vendió los títulos en noviembre de ese año a un precio "inferior al real".El juzgado santanderino considera ahora que los hechos pudieran ser constitutivos de delito y ha instado a las partes a presentar, en un plazo de diez días, escrito de acusación pidiendo que se abra juicio oral o se archive la causa. El banco mostró ayer su asombro y defendió la actuación. "Resulta sorprendente que haya adoptado el juzgado esta resolución, que será recurrida", dijeron fuentes del Santander. "El banco -añadieron- ha actuado siempre con total transparencia, pagándose los impuestos cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos". La clave de la defensa radica precisamente en ese escenario temporal: pagó a Hacienda al entregar las acciones y no antes.El plan se aprobó en 1994, pero los directivos no recibieron las acciones hasta 1998, 1999 y 2000. El banco alega que había un pacto de retracto sobre los títulos que, hasta su entrega, impedía que fuesen propiedad de los beneficiarios. Asegura que las arcas públicas recibieron un importe superior al que hubiese cobrado en 1994. "El pago de los impuestos se hizo en la más estricta aplicación de la ley (...). Se pagó el triple de lo que hubiera resultado de seguirse el criterio de Hacienda que, paradójicamente, saldría perjudicada de prosperar su interpretación". El proceso avanzaEl proceso sigue su curso en cuatro provincias. En el juzgado de Santander, contra Botín y los ocho directivos de la Comisión Ejecutiva que aprobó el plan: Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz, Rafael Alonso, Rodrigo Echenique, Juan Secades, Ignacio Benjumea, Juan Carlos Rodríguez y José María Espí. Al tratarse de un delito fiscal, la acusación ha plantado batalla en cada en las ciudades donde los beneficiarios tienen domicilio.Los directivos imputados son Alfredo Sáenz Abad, Víctor Menéndez Millán, David Arce Torres, José Corral Lope, Juan Delibes Liniers, José Ángel Merodio Zubiarrain, José Luis Roselló Menasanch, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, Fernando Gutiérrez-Ojanguren Ganga, Luis Abril Pérez y Timoteo Patricio Domínguez. Los procesos más avanzados están en Móstoles y Alcobendas, donde se archivó la causa y después se revocó.