El pasado 4 de junio tumbó el primer recurso del Gobierno canarioLos recursos del Gobierno canario para frenar las prospecciones petroliferas en Canarias se van agotando. El último golpe para el Ejecutivo local llega de nuevo por parte del Tribunal Supremo (TS), que después de rechazar su recurso el pasado 4 de junio, ahora se ratifica en esta decisión. Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una resolución en la que rechaza el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno de Canarias por considerar que no ha lugar "ni por forma ni planteamiento", según han confirmado a Efe fuentes del Alto Tribunal. La resolución que el Ejecutivo isleño pedía revisar es el auto por el que el pasado 4 de junio el TS rechazó su petición y la del Cabildo de Lanzarote de que, por ejecución de la sentencia que dictó esa misma Sala en 2004 contra los primeros permisos, se anularan también los concedidos este 2012. En la resolución recurrida y ahora ratificada, el Supremo argumentaba que el motivo en que fundó su decisión de 2004 fue que "se habían omitido, respecto de unas determinadas labores de investigación previstas para un específico período temporal, las medidas de protección medioambiental obligadas en virtud de la Ley 34/1994, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos". La Sala entiende, por contra, que el real decreto de este año incorpora las medidas de protección ambiental cuya omisión llevó a la sentencia de 2004. Por ello, razona que "difícilmente puede admitirse" que, con este nuevo real decreto, el Consejo de Ministros haya "tratado de eludir la sentencia (de 2004) cuando, en realidad, tiene como objetivo y designio precisamente el de incorporar al proyecto de investigación y al programa de trabajos las medidas medioambientales cuya falta pusimos de relieve". Visión del Gobierno canario Por su parte, Martín Marrero, portavoz del Gobierno de Canarias, explicó que el Tribunal Supremo ha dictado un recurso sobre las prospecciones petrolíferas en relación a una "posible contradicción" con su fallo en 2004. Marrero indicó que "hay que insistir en que el TS lo que afirma es que el Real Decreto 547/2012 no contradice la sentencia de 2004 pero no se ha pronunciado sobre su legalidad". "El Tribunal Supremo no ha dicho sí a la legalidad de las prospecciones, se ha limitado a resolver un recurso sobre una posible contradicción con su fallo en el año 2004", recalcó. En este sentido, indicó que el pleito principal, en el que se dirime la legalidad de las prospecciones, "no tiene aún pronunciamiento", ya que aún están "en plazo para formalizar la demanda correspondiente". El conflicto surgió el pasado 16 de marzo, cuando el Consejo de Ministros decidió convalidar los permisos otorgados a Repsol hace 11 años por entender que se habían solventado los defectos de carácter ambiental que habían llevado al Supremo a ponerlos en cuestión. En concreto, se permite a Repsol y a sus socios en este proyecto (Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG) prospectar nueve zonas del Atlántico situadas entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote y la mediana imaginaria que divide entre aguas españolas y marroquíes.