El juez se opone a la petición de los querellantes porque la entidad ha cambiado toda la cúpula tras la nacionalizaciónEl juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha rechazado intervenir judicialmente Bankia y su matriz BFA, como le solicitaban los dos querellantes personados en la causa abierta por irregularidades en la gestión de la entidad, UPyD y el colectivo 15-M. En un auto publicado ayer, el magistrado afirma que la intervención no se justifica para prevenir la continuidad delictiva puesto que la actual administración de Bankia "es completamente distinta a la que se encontraba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos objeto de la investigación". Añade que Bankia es, de facto, un grupo intervenido por el Estado, después de la nacionalización total de su matriz BFA. La sustitución de los administradores se debería acordar sólo si es adecuada para superar una situación de peligro y es "estrictamente necesaria" para impedir la continuidad de la actuación delictiva, circunstancias que no concurren en el presente caso, según el juez Andreu. Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 explica en su auto que el único fin legítimo que pudiera justificar la medida solicitada sería el de evitar la continuidad delictiva, en protección de los trabajadores y de los acreedores, informa Ep. En este sentido, pone de relieve una "circunstancia de enorme trascendencia", como es que ninguna de las personas físicas querelladas se encuentra en la actualidad en puestos directivos de la entidad. Por ello, remarca que "difícilmente" puede entenderse que exista peligro de que la mercantil puede seguir cometiendo los hechos denunciados. Sostiene que no corresponde al Juzgado realizar actuaciones dirigidas al control de la situación financiera de Bankia, generar confianza en los mercados o llevar a su gestión factores de transparencia destinados a conocer el estado real de la sociedad. Le compete, añade, investigar "con toda la profundidad, rigor y detalle que sea posible", determinar la relevancia penal de los hechos denunciados, identificar a los supuestos responsables y, en la medida de lo posible, proteger a los perjudicados que pudiera haber.