Argentina no se da por enterada para tratar de dilatar los procesos judicialesEl Gobierno argentino ya no podrá seguir escondiéndose de la justicia. El juzgado del distrito sur de Nueva York ha notificado formalmente al Ministerio de Exteriores del país las dos demandas que le ha impuesto Repsol por violar la normativa del mercado de valores de la SEC y por no haber lanzado un opa tras la expropiación. La actuación del juzgado se lleva a cabo después de que el Ejecutivo que preside Cristina Fernández de Kirchner haya hecho oídos sordos a las demandas planteadas por la petrolera por violar la normativa del mercado de valores. El juez de Estados Unidos ha tenido que utilizar las vías que marca la Convención de la Haya para realizar esta notificación oficial que se realizó formalmente a través de FedEx a principios de esta semana. A partir de ahora, y si en un plazo de seis meses el Gobierno argentino no ha contratado un despacho de abogados que les represente, la jurisdicción de Estados Unidos podrá dar por notificadas formalmente ambas demandas. Fuentes jurídicas consideran que la actuación del Gobierno argentino es un intento claro de prolongar los procedimientos para que no haya una resolución rápida del caso. La petrolera tampoco ha recibido respuesta oficial a la carta que se envió a la Casa Rosada para notificar la petición de arbitraje. En aquella ocasión tambien la notificación fue complicada puesto que los funcionarios argentinos trataron de poner todos los problemas posibles antes de dar por recibida la carta de protesta de Repsol. A partir de la notificación de aquella misiva, hay un plazo de seis meses para que Argentina conteste y se siente a negociar o para que se llegue directamente a un arbitraje internacional. Argentina es uno de los países con más experiencia en este tipo de conflictos ya que han sido constantes la expropiaciones que ha realizado el país. Demanda de Repsol En la demanda, presentada el 5 de julio, Repsol explicaba como, tras la nacionalización, el Estado argentino se convirtió desde el mismo momento de su publicación en el nuevo propietario del 51 por ciento de la petrolera. Tal como consta en la normativa del regulador, al haberse hecho con más de un 5 por ciento del capital, la nueva dirección de YPF estaba obligada a presentar el formulario denominado 13-D, en el que debía indicar qué participación tenía en la sociedad cotizada y qué planes tiene en relación con la misma, así como la política de dividendos, pero los nuevos responsables no lo hicieron. Sin haber presentado este documento, los accionistas no pueden tomar decisiones respecto a inversiones o sobre empresas participadas. El documento pone énfasis en que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "promulgó la Ley de Expropiación el pasado 7 de mayo y aún no ha atendido los requerimientos" de la SEC. Es más, los nuevos gestores de la petrolera (con el ministro de Planificación, Julio de Vido, a la cabeza) han reconocido en un escrito al regulador que no cumplen con los requisitos para seguir cotizando en la Bolsa de Nueva York, pero por el momento las autoridades bursátiles de EEUU no han tomado decisiones.