Patronales y gremiales piden una solución para evitar la competencia desleal del 'taxi paralelo'Patronal y gremiales del taxi se unen al completo ante la posibilidad real de perder 30.000 puestos de trabajo en esta actividad si finalmente el Gobierno decide bajar la bandera y da vía libre a la reforma de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT). El borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres plantea la liberalización total del sector de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), coches de lujo sin control ni regulación, medida que supondría según las organizaciones la "desaparición del taxi". En la rueda de prensa convocada por las organizaciones que conforman la Sección del Taxi del Comité Nacional de Transporte, el pasado día 12 de julio, se anunció la convocatoria de un paro general en todo el país en contra de la liberalización total de la actividad de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), incluida en el anteproyecto de reforma de la LOTT. Además de este paro general del primero de agosto se ha convocado una manifestación para el día 27 de julio en Madrid ante la ausencia de soluciones y alternativas que eviten la liberalización de la contingencia actual de un VTC por cada 30 taxis. Esto supondría "la pérdida de un elevado número de trabajadores del sector, tanto asalariados como autónomos, -30.000 en cifras de las asociaciones sectoriales- y un empobrecimiento de la calidad y seguridad del sector del taxi, así como un retroceso a niveles de países tercermundistas", en palabras del secretario general de la Fedración Nacional de Asociaciones de Trabajodores Autónomos (ATA), Francisco del Palacio. En esta línea Julio Moreno, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid, asegura que "el sector del taxi está unido frente a la reforma y liberalización de la proporcionalidad actual". Y aunque insiste en que "no queremos llegar a la huelga ni a celebrar la manifestación prevista para el día 27 en Madrid", explica que "sólo pretendemos que el Gobierno se comprometa directamente con los representantes de las organizaciones del taxi a no modificar el ratio de proporcionalidad actual". Inseguridad y fraude fiscal En caso de que se llevase a efecto la reforma de la LOTT, las repercusiones no se limitarían únicamente a la pérdida de puestos de trabajo y caída de negocio en uno de los sectores más afectados por la crisis, sino que la falta de control y regulación generaría inseguridad en el consumidor y afectaría directamente a la seguridad vial. Además, el "subasteo" de tarifas, la desaparición del taxímetro y la inexistencia de una regulación como con la que actualmente cuenta el sector fomentará el incremento de la economía sumergida y el fraude fiscal, efecto contrario al "pretendido" por el Ministerio de Economía y Competitividad con la modificación de la actual LOTT. En opinión de los responsables del sector, "las controversias, desinformación y contradicciones entre los Ministerios de Fomento y Economía y Competitividad se deberían a la presión de empresas relacionadas con los sectores de la construcción, turismo y servicios para la aprobación de la reforma". Estas empresas buscan la diversificación de sus líneas de negocio con objeto de "salvar" las pérdidas en sus actividades principales mediante la explotación de recursos y bienes obtenidos durante la época de bonanza, entre los cuales se encuentran verdaderas flotas de vehículos actualmente inoperativas, y ante la devaluación de los mismos pretenden no sólo agotar el "recurso" sino reubicar a personal necesariamente prescindible a mínimo coste y máxima rentabilidad. Incentivar la demanda La alternativa del Gobierno no sería descabellada si no fuese por la excesiva oferta del sector del taxi siendo nuestro país el que tiene un mayor ratio de taxis, cinco por cada mil, el doble del registrado en las principales capitales europeas. El sector del taxi ha sido uno de los más afectados por la crisis económica, habiendo descendido su actividad en más de un 40 por ciento en los últimos años. Esta caída ha supuesto el despido de un elevado número de empleados a servicio del taxi, con el consiguiente incremento de "horas al volante". Ante ello asociaciones y gremiales plantean medidas para la regularización de las horas de trabajo con el objetivo garantizar a conductores y usuarios la seguridad de los servicios. Tanto Francisco del Palacio como Julio Moreno, coinciden en que lo que necesita el sector para su recuperación es "incentivar la demanda y no la oferta". Con la aprobación de la reforma se conseguiría el efecto contrario agravado además por un empobrecimiento de la calidad del servicio prestado en la actualidad. También están de acuerdo en expresar su confianza en que el Gobierno les convoque a una reunión en la que se plasme la no modificación del ratio de contingencia actual, así como un plan para incentivar la demanda mediante reducción de tarifas o alternativas atractivas para el usuario. Todo ello con el objetivo de no tener que recurrir a la huelga prevista para el día 1 de agosto y futuras convocatorias en los meses venideros. El sector del taxi en España lleva padeciendo los efectos negativos de las medidas adoptadas por los gobiernos del PSOE y PP desde el año 2009, a raíz de la aprobación de la Ley Ómnibus que permitía a los ayuntamientos la concesión de autorizaciones administrativas para poder circular por todo el territorio nacional de los vehículos de arrendamiento con conductor, identificados con la placa SP. Esta medida no llegó a ser aplicada por los ayuntamientos de las principales ciudades ante las gestiones realizadas por asociaciones como ATA, UNALT, UPTA o CTE, así como por las negociaciones llevadas a cabo con los partidos políticos en defensa del sector.