Seis CCAA, entre ellas Extremadura y Castilla y León, del PP, no apoyan las exigencias de déficitEl Gobierno aprobará hoy los avales para garantizar los vencimientos de deuda regional El Gobierno mostró ayer tarjeta amarilla a un total de ocho comunidades autónomas por desvíos en sus planes económico-financieros. En concreto, a tres de ellas por dudas sobre la información proporcionada y a otras cinco por haber incumplido los compromisos adquiridos para no desviarse de los objetivos de déficit. Siguiendo la vieja máxima de que "se dice el pecado, pero no el pecador", el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras reunirse con los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, señaló que "no se trata de hacer una publicidad que incida negativamente en nadie", aunque sí reconoció que el apercibimiento se había producido. Otras fuentes señalaron que las comunidades afectadas habrían recibido el "aviso" de manera individual y discreta. Se trata de un primer apercibimiento que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria podría acabar, en caso extremo, en intervención. Montoro, en este sentido, garantizó que todas las comunidades "van a cumplir" con el objetivo y se mantuvo firme en no relajar el déficit autorizado a las autonomías este año, que seguirá en el 1,5 por ciento. El Ejecutivo, además, ha decidido dar una vuelta de tuerca en los ajustes que está exigiendo a las comunidades autónomas. Según anunció ayer Montoro, el techo de déficit de las autonomías ha quedado fijado para el año que viene en 0,7 por ciento del PIB, frente al 1,1 por ciento que estaba previsto hasta ahora. Para 2014, el desequilibrio de las cuentas públicas regionales queda establecido en 0,1 por ciento, cuando lo marcado en un principio era el 1 por ciento. Para el ejercicio en curso, el límite se mantiene en el 1,5 por ciento. Este nuevo nivel de exigencia no ha sentado nada bien a los ejecutivos regionales y provocó ayer una auténtica rebelión en el transcurso de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informó a los consejeros autonómicos de sus exigencias. Relajación de objetivos Las comunidades acudían al encuentro con la pretensión de que el Ejecutivo del PP, que acaba de obtener una relajación de los objetivos de déficit que le exige Bruselas a nuestro país, "compartiese" ese margen con las regiones, muchas de ellas auténticamente asfixiadas por las obligadas políticas de recortes. Nada más lejos de la realidad. Montoro se mostró inflexible, alegando que la situación que atraviesa el país no permite ningún tipo de alegrías y que una relajación del déficit exigido a las comunidades sería muy mal interpretado por los mercados y las autoridades comunitarias, especialmente vigilantes, ambos, con respecto a todo lo que apunte a un empeoramiento de nuestras cuentas públicas. Las nuevas exigencias provocaron el rechazo de seis comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias, Castilla y León y Extremadura. Estas dos últimas, gobernadas por el Partido Popular, no votaron en contra de la propuesta, sino que se abstuvieron, postura que se interpreta como una especie de "rechazo pasivo", que no ha caído nada bien en Génova, donde se considera que las actuales circunstancias exigen que el partido del Gobierno cierre filas en todos sus frentes. El rechazo de Cataluña, País Vasco y Andalucía, por el contrario, no sorprendió en absoluto en el Ministerio de Economía, desde el que se destaca que estas tres comunidades se han opuesto de manera casi frontal a todas las iniciativas de austeridad y recortes de gasto que han surgido desde el Gobierno central. Instrumento flexible En lo que sí han tenido éxito las comunidades ha sido en su pretensión de que el Gobierno garantice su deuda. El ministro de Hacienda anunció ayer la aprobación hoy mismo en el Consejo de Ministros de un instrumento financiero "flexible" con garantía del Estado, en forma de avales, para atender vencimientos de deuda de autonomías que no puedan hacerlo por sí mismas, y que verán endurecidas sus condiciones presupuestarias. El instrumento -que Montoro evitó definir como "hispabonos" por lo que implica de mutualización del riesgo- será aprobado hoy, según confirmó el titular de Hacienda tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que ha explicado estos detalles a las comunidades autónomas. Así, afirmó que la cantidad con la que se dotará no es "apriorísticamente grande", ya que no hay "grandes vencimientos" pendientes. "Se trata -dijo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas- de que esa comunidad autónoma no siga sufriendo las consecuencias de no poder acudir al mercado" en busca de financiación, debido al elevado nivel de la prima de riesgo que exigen los inversores a todo lo que proceda de nuestro país. En lo que queda de año, según los planes económico financieros que las comunidades autónomas registraron en el Ministerio de Hacienda recientemente, sólo los vencimientos llegan a más de 15.000 millones de euros.