Interponen una reclamación patrimonial por daños y perjuicios por la ineptitud en garantizar su defensaMADRID. Un despacho de abogados que defiende a varios afectados de Afinsa ha abierto otra vía reclamatoria que hasta ahora no se había explorado. El bufete del letrado José Simón Pastor ha decidido interponer una reclamación patrimonial por daños y perjuicios contra el Ministerio de Sanidad y Consumo.El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, está basado en el Real Decreto 429/1993, que establece la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Este grupo de afectados considera que el Estado, y en este caso el Ministerio de Sanidad y Consumo como organismo responsable del sector de bienes tangibles, "es el responsable único de la situación creada, por sus graves negligencias y el anormal funcionamiento de los servicios públicos que deberían haber controlado a dicha firma y no lo han realizado".CompensaciónEn la reclamación se pide una indemnización por daños y perjuicios de 38.005 euros, que es la cantidad de todas las aportaciones que los afectados han hecho a Afinsa.El escrito califica la actitud del Estado de negligente, ya que permitió "que Afinsa siguiera captando clientes hasta momentos antes de que fuera intervenida judicialmente, haciendo caso omiso a la realidad social y a la espinosa situación que se estaba generando". Los denunciantes creen que Sanidad sabía la situación "desde al menos un año antes, cuando en julio de 2005 la Agencia Tributaria, tras años de investigación, remitió a la Fiscalía Anticorrupción el trabajo realizado". Según el escrito, el Ministerio siempre adoptó una actitud pasiva e irresponsable.La reclamación se interpone ante el Ministerio de Sanidad, ya que, según la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos".Según argumenta el abogado Simón Pastor, el Ministerio de Sanidad y Consumo por su falta de control y supervisión de estas empresas filatélicas, "genera y ha generado daños irreparables, en detrimento de los legítimos intereses y derechos de mis defendidos ".Además, alega que en un folleto que editó el año pasado el Ministerio, se afirmaba que no eran entidades financieras, todo lo contrario a lo afirmado por la Fiscalía Anticorrupción en su querella. "Miles y miles de personas seguían entrando en los programas de Afinsa y Fórum Filatélico, sin saber cuál era el verdadero status legal de estas compañías", asegura el escrito.Mientras tanto los afectados siguen sus protestas. Un centenar de personas se concentraron ayer frente al Ministerio de Economía, para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, dijo Efe.