El órgano regulador revisará el laudo entre la petrolera gala y el Grupo Santander madrid. El laudo entre Total y el grupo Santander sobre Cepsa que dictó el Tribunal de La Haya el pasado lunes ha dejado muchas puertas abiertas y ha implicado a varios organismos. Uno de ellos es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El órgano que preside Manuel Conthe anunció ayer que revisará el dictamen del árbitro holandés. El objetivo es analizar si las consecuencias derivadas de la resolución se adaptan a la Ley de Mercados sobre el lanzamiento de opas.El laudo dio vía libre a Total para ejercer la opción de compra sobre el 4,35 por ciento de Cepsa. Además, la petrolera gala podrá adquirir otro 8,31 por ciento de la compañía presidida por Pérez de Bricio, tras la disolución de la sociedad instrumental Somaen Dos.Si la compañía francesa -con una participación del 45,28 por ciento en Cepsa- da el paso y compra esos dos porcentajes se podría ver obligada a lanzar una opa sobre la compañía española, según la ley sobre opas de 1991. La legislación especifica que una empresa 'A' con una participación de entre el 25 y 50 por ciento en otra compañía 'B' puede adquirir libremente acciones en dicha empresa. Pero si esa compra supera el paquete del 6 por ciento en un año, la empresa A se verá obligada a lanzar una opa sobre la sociedad B. Este puede ser el caso de Total, según explicaron fuentes jurídicas a este diario. Si a raíz de esa opa parcial sobre el 8,31 por ciento, Total elevara su participación en Cepsa por encima del 50 por ciento, se verá obligada posteriormente a presentar otra por la todo el capital. La CNMV tiene la última palabra de si Total debe lanzar una primera opa parcial por el 8,31 por ciento sobre Cepsa y una segunda por el total del capital. Lo que si está claro es que el órgano que preside Conthe no tiene potestad sobre el laudo que dictó el árbitro holandés, excepto en casos extremos, según fuentes jurídicas. Si alguna de las medidas perjudicara los intereses de los ciudadanos, el órgano trasladaría el caso al abogado del Estado para elevarlo al poder judicial.