El supervisor se oponía a los criterios contables aplicados en el plan de saneamiento de la entidadLa petición inicial del grupo sobrepasaba ampliamente los 19.000 millones concedidos"Tengo mi opinión sobre la nacionalización de Bankia, pero no la voy a dar por responsabilidad", afirmó el pasado miércoles en el Senado el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la que puede ser su última aparición pública. El todavía gobernador dejó entrever sus discrepancias en una crisis bancaria, la primera "que no ha gestionado el Banco de España". Fuentes cercanas al supervisor no se extrañan de las insinuaciones de Ordóñez, ya que aseguran que en las reuniones mantenidas con el Ministerio y Bankia, el Banco de España rechaza de plano los criterios contables aplicados para definir la cifra de ayudas que se debía prestar a la entidad financiera. Según estas fuentes, la primera petición de la entidad superaba ampliamente los 19.000 millones de euros. Sin embargo, fue el Ministerio el que fijó este volumen de ayudas que, por un lado, deja más que justificada la abrupta irrupción en Bankia y, por otro, se consideraba manejable para las cuentas del Estado. "Tengo una opinión sobre las cantidades, sobre auditores independientes, sobre las solicitudes de fondos..." afirmó el gobernador, que ha visto cómo en las últimas semanas las decisiones sobre el sector financiero se tomaban desde Economía, que también dio un golpe mortal al prestigio de la institución con la contratación de consultoras externas y auditoras. Según las mismas fuentes, los criterios empleados para justificar esos 19.000 millones de ayudas, a los que hay que añadir la pronta conversión de otros 4.465 millones de preferentes en acciones, no responde a exigencias de normativa española o europea, se incluyen exigencias que no son tales hasta final de ejercicio y se hace un más que cuestionable ejercicio de bajar el valor de determinados activos. El plan de Bankia se basa en tres ejes. El primero son los requerimientos de los dos decretazos de Economía, el de febrero y el del pasado 11 de mayo. Si se suma los requerimientos ya conocidos de las dos normas, más las necesidades halladas ahora, se asegura en el plan que se precisan 10.100 millones. El mayor fallo en este argumento es que el cumplimiento del Decreto 2/2012 y el 18/2012 se exige para final de año, no ahora. Tal y como explicó Guindos en su segunda reforma financiera, las entidades deben cubrir esas necesidades por sus propios medios y, sólo en el caso de que sus recursos sean insuficientes, acudir al Estado para que cubra el resto. En Bankia, este criterio se rompe y ni siquiera tiene en cuenta qué beneficios podría lograr a lo largo del ejercicio para hacer frente a las exigencias. El exigente test de estrés El segundo gran apartado del plan de Bankia no sólo es inédito hasta ahora en el sistema, sino que es lo que ha generado más dudas sobre el estado del resto de entidades españolas. Bankia hace un test de estrés sobre el resto de la cartera crediticia, fundamentalmente pymes e hipotecas, sobre varios años. Cómo resultado de ese ejercicio pide otros 3.800 millones de euros. Los criterios, asegura, se basan en un sistema muy similar al que aplica la autoridad bancaria europea (EBA). Tampoco aquí se tiene en cuenta los recursos que puede obtener la entidad y tampoco las normas exigen que se hagan provisiones adicionales. De lo contrario, tras los polémicos test de estrés realizados por la EBA en verano de 2010 y 2011 muchas entidades europeas, y por supuesto españolas, habrían caído en pérdidas. Por último, otro gran apartado del plan, supone otros 6.600 millones de euros. Se lleva a valor de mercado a las participadas y se restan los créditos fiscales. Tampoco, según las normas, se puede exigir que una entidad provisiones las minusvalías latentes, y de hecho, el resto de entidades y empresas no financieras no colocan sus participadas a precio de mercado. El argumento utilizado es que todo se va a vender, pero no parece razonable que se prefiera la desinversión con pérdidas a esperar mientras se perciben dividendos que contribuyen a la entrada de ingresos en la cuenta de resultados. En cuanto a los activos fiscales, se eliminan cuando no es posible su recuperación, lo que en el caso de Bankia supondría que no va a tener beneficios en dieciocho años. "Se va a recuperar todo el dinero invertido, sin ninguna duda", afirmó Guindos tras conocerse el volumen de ayudas. Si el ministro espera que esa recuperación se produzca antes de 2030, la eliminación de créditos fiscales no tiene sentido, afirman fuentes financieras. Por lo pronto, distintos bancos de inversión calculan que tras la recepción de la inyección pública, Bankia tendrá beneficios en 2013 de entre 1.000 millones y 1.500 millones. No acaban aquí las incongruencias, ya que preferentes y subordinadas (que por definición se deben utilizar para paliar pérdidas) no se tienen en cuenta, como tampoco la capacidad de generar recursos. En definitiva, una contabilidad ad hoc para Bankia, algo tan insólito como promulgar una ley para imponer reglas diferentes a un solo individuo.