Transcurrido este periodo, se abrirá paso al arbitraje interacional en el CiadiRepsol ha dado el primer paso judicial en defensa por la expropiacion de YPF. La petrolera ha notificado a la presidenta argentina la existencia de una controversia bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, lo que significa que deberá dirimirse en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) si previamente en un plazo de seis meses las partes no llegan a un acuerdo negociado. En opinión de la petrolera, la expropiación implica una violación de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones. Con la notificación, Repsol anuncia el comienzo inmediato de acciones legales bajo el amparo del Derecho Internacional para que se declaren ilícitos y se condene a Argentina a la reintegración o a la reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados. La petrolera reclama alrededor de 8.000 millones de euros. En la carta, la petrolera explica que Argentina habría violado diversas reglas del Tratado, comenzando por la obligación de no nacionalizar o expropiar las inversiones de Repsol, o de someterlas a medidas de efecto equivalente, que "en ningún caso puede ser discriminatorias", salvo por causas de utilidad pública y contra el pago de una indemnización. La petrolera se ampara en la actuación de las provincias argentinas. Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta confiscaron concesiones pertenecientes a YPF de manera coordinada a través de declaraciones de caducidad presuntamente infundadas y políticamente motivadas para tratar de erosionar el valor de YPF. El 16 de abril, el Gobierno argentino hizo efectiva la expropiación de YPF, con la expulsión de sus directivos (y el día 18 de abril se hizo lo mismo con Repsol YPF Gas), sin observar las medidas de protección establecidas por el Estatuto de YPF y antes incluso de la promulgación formal de la Ley de Expropiación de YPF. En segundo lugar, la expropiación de las inversiones de Repsol es ilícita y no ha sido mantenido ninguna de las garantías exigidas por el citado Tratado, ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora. Argentina ha violado la obligación de garantizar un "tratamiento justo y equitativo" a las inversiones puesto que las medidas adoptadas han alterado el marco jurídico y económico de la inversión de Repsol en YPF. También ha violado su compromiso de no obstaculizar con medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta, o la liquidación de tales inversiones.