La nueva norma eleva las provisiones al 30% para el crédito inmobiliario sanoEl Gobierno se mostró ayer optimista al realizar una estimación inferior a los 15.000 millones de euros destinados a sanear la banca a partir de la cuarta reforma del sector financiero que ayer presentó el ministro de Economía, Luis de Guindos. Una reforma que endurece las provisiones e incluye apoyos estatales. El ministro afirmó que la reforma "no tendrá efectos para los contribuyentes", ya que las entidades deberán pagar un 10 por ciento de interés por el apoyo estatal si es necesario. El Gobierno prevé que los requerimientos sean inferiores a los 15.000 millones de euros, "menos de lo que inyectó el anterior Gobierno en la primera ronda del Frob". Curiosamente, el Frob dispone de unos 13.000 millones a día de hoy. Aunque Guindos admitió que es consciente de que habrá varias entidades cuyas cuentas de resultados no darán para cubrir esas nuevas exigencias, rechazó una y otra vez que se califiquen de públicas estas ayudas. "Se trata de disponibilidad de recursos", sentenció. Los bancos deberán cubrir con provisiones casi la mitad de los préstamos que tienen realizados al sector constructor y promotor con la nueva norma. De esta forma, eleva las provisiones para el crédito inmobiliario considerado como sano, lo que obligará a las entidades a movilizar unos 30.000 millones de euros, ya que incrementa el nivel de del 7 por ciento al 30 por ciento. De Guindos afirmó que el crédito a promotores era de 310.000 millones euros a finales de 2011, de los que 184.000 son préstamos problemáticos y 122.000 estaban al día de intereses y devolución. De este modo, la cobertura media para la cartera de préstamos al sector promotor y constructor (problemáticos y no problemáticos) será del 45 por ciento, es decir, 137.000 millones para un total de 310.000 millones. Según el texto, el Gobierno ha decidido subir las provisiones exigidas a la banca para cubrir sus créditos sanos relacionados con el ladrillo hasta el 52 por ciento en el caso de los préstamos para financiar suelo; el 29 por ciento para las promociones en curso; el 14 por ciento para las promociones terminadas y el 52 por ciento a los créditos sin garantía real. La estrategia del Ejecutivo pasa por inyectar capital en forma de bonos convertibles contingentes (conocidos como CoCos) a aquellas entidades que se vean en situación de dificultad. Además, Guindos aseguró que se exigirá un tipo de interés más elevado al tipo de mercado de estas emisiones al mismo plazo. "Las remuneraciones estarán próximas al 10 por ciento", explicó. Traspaso de activos tóxicos Las entidades, por su parte, se verán obligadas según el Real Decreto a traspasar antes de que acabe 2012 todos sus activos inmobiliarios problemáticos a lo que el Gobierno denomina Sociedad de Gestión de Activos (conocidos como bancos malos) y éstas podrán aportar las provisiones que fueran necesarias "con la mayor flexibilidad". Esta sociedad asumirá, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir los que ya entraron en mora o tienen riesgo de hacerlo y los adjudicados, y deberá ir haciéndose cargo de los créditos del "ladrillo sano" que pasen a ser problemáticos. En el caso de las entidades con ayudas públicas, la desinversión será mucho más acelerada, ya que el borrador da un plazo máximo de tres años para que la sociedad inmobiliaria quede fuera del perímetro de consolidación del banco. Para hacer el traspaso se tendrá en cuenta el valor razonable de cada activo y, si no estuviera disponible, se recurrirá al valor contable una vez deducidas las provisiones que el banco haya hecho. El Ministerio encargará a dos expertos independientes la valoración de los activos de la banca para que no existan "dudas". "Serán instituciones con el máximo prestigio y sin conflicto de interés", garantizó De Guindos, quien agregó que no necesariamente deberán ser sociedades especializadas en carteras de préstamo promotor. "Hay consultoras, bancos de inversión y gestoras de patrimonio", dijo. Por otro lado, el Gobierno ha decidido dar un mes más de plazo, hasta el 30 de junio, a las entidades para anunciar sus planes de integración, pero tendrán sólo hasta el 31 de mayo para presentar al Banco de España sus planes acerca de cómo piensan cumplir con estos requerimientos. En la primera reforma financiera del Gobierno Rajoy, aprobada a principios de febrero, se exigía a la banca una cifra algo superior para provisionar los créditos problemáticos, 50.000 millones, pero el plazo para presentar los planes fue superior, casi dos meses.