Brufau se reunió con el ministro de Planificación para tratar de buscar una solución al conflictoIndustria anunció graves consecuencias si había hostilidades contra la petrolera españolaEspaña y Argentina han chocado. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sembró ayer la confusión y no se molestó en tratar de clarificar la situación para tranquilizar al Ejecutivo español sobre la situación de Repsol. La presidenta tenía previsto comparecer a medianoche (hora española) para anunciar su decisión de tomar el control de la filial YPF, pero tras la reunión mantenida durante la mañana argentina por el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y el ministro de Planificación, Julio de Vido, se llegó a un acuerdo para suspender la presencia de la misma en la reunión de las provincias petroleras, Ofephi. Cuando parecía que todo se estaba tranquilizando, después de la advertencia realizada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, el diario Clarin -poco afín al ejecutivo de Kirchner- aseguró que la Casa Rosada había enviado al Congreso un proyecto que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" al 50,01 por ciento de las acciones clase D de YPF, hoy en manos de Repsol y, en menor medida, de sus socios argentinos del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi. ¿Envío al Congreso? Según Clarín, este diario pudo confirmar el envío del proyecto, pero al mismo tiempo indicaba que no había llegado a la Mesa de entradas del Congreso, ni del Senado, al menos al cierre de esta edición. Este mismo proyecto de ley ya se aseguró que iba a ser presentado por la presidenta Kirchner en la apertura de sesiones realizada el pasado mes de marzo, pero finalmente se limitó a hacer alusiones a la independencia energética argentina y no realizó ningún anuncio, en lo que parecía una estrategia destinada a ir limando la cotización de YPF en bolsa. Las acciones que estarían sujetas a expropiación serían los 100 millones del Grupo Petersen -todas las que tienen los Eskenazi- y 96.558.000 títulos de los que tiene Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en un 57,43 por ciento a Repsol y en un 25,46 por ciento al Grupo Petersen, mientras que un 17,09 por ciento flota en bolsa y un 0,02 por ciento ya está en poder del estado argentino. El proyecto, según Clarín, establece que si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01 por ciento, esos títulos se conseguirán de modo tal que se respeten las proporciones en poder de los otros accionistas. En cuanto al precio que se pagará por las acciones a expropiar, el texto postula que la valoración será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía. El diario también apunta que "el Poder ejecutivo procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación el valor y la forma" de pago y que, eventualmente, esos acuerdos deberán ser refrendados por el Congreso de la Nación. Además, establece que si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, "la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo". El texto, que tiene en total 62 artículos, indica que la expropiación estará regida por la Ley 21.499, que el Poder Ejecutivo "actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del estado nacional" y que ni esa transmisión de acciones ni ninguna otra que realice el Estado "estarán sujetas al artículo 7 del estatuto social de YPF". Crisis diplomática El ministro de Industria, José Manuel Soria, lanzó ayer una seria advertencia al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. España no tolerará agresiones injustificadas a las empresas españolas. Soria aseguró que "gestos de hostilidad" contra las empresas españolas, entre las que figura Repsol YPF, serán también considerados "hostilidad a España y al Gobierno de España" y tendrán "consecuencias". "Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España", ha afirmado el ministro desde Varsovia, en unas declaraciones difundidas por los servicios de comunicación del Gobierno. El ministro de Industria asumió desde el primer momento de esta crisis, que se acaba de convertir ya en diplomática, el protagonismo de las relaciones bilaterales. Soria, que anunció la creación de un grupo de trabajo, vio como apenas unas horas después de hablar con el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, le desmentía y negaba la constitución de este grupo de trabajo. La provincia de Santa Cruz le quitó tambien licencias de explotación a YPF y ya son ya siete las regiones del país que han revocado sus permisos a la filial de Repsol. El gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, aseguró que las provincias argentinas podrían participar en la gestión de YPF gracias a la implantación de un nuevo modelo público y privado. La idea que barajaban las autoridades argentinas era ampliar a 25 el número de miembros del directorio (consejo de administración) de YPF para permitir la entrada de representantes de las provincias productoras de hidrocarburos.